Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene bajo revisión 1,800 expedientes de personas privadas de libertad para determinar su situación jurídica, condiciones de salud y la posibilidad que algunos casos avancen hacia una eventual salida de los centros penitenciarios.
El magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, informó que el equipo inició la planificación de un enrolamiento en el centro penitenciario "La Tolva", ubicado en Morocelí, El Paraíso, considerado un establecimiento de máxima seguridad.
"La revisión se plantea detectar la situación jurídica de los privados de libertad que se encuentran en el centro penitenciario, para conocer el número de prisiones preventivas, y quienes tienen procesos de pre liberación", apuntó el funcionario.
Díaz declaró que las evaluaciones buscan establecer qué casos cumplen las condiciones para avanzar dentro de los procedimientos legales correspondientes, no obstante, la revisión de los expedientes no implica una liberación automática, ya que las autoridades competentes deben valorar cada solicitud.
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La titular de la Defensa Pública del Poder Judicial, Fanny Salinas, explicó a EL HERALDO que, hasta septiembre de 2026 se registran 13 enrolamientos en centros penales.
Además, detalló que las jornadas de revisión de expedientes en el Centro Penal de Morocelí se programaron del 12 al 16 de octubre.
Durante estas jornadas, el personal encargado examinará la información jurídica de las personas privadas de libertad para identificar su situación procesal y determinar cuáles casos requieren seguimiento.
El proceso también permite revisar las condiciones en las que los internos cumplen sus condenas y establecer si existen circunstancias que ameriten analizar una posible salida del centro penitenciario, conforme a los requisitos legales.
Enfermedades y requisitos legales
La Mesa Técnica de Desinternamiento da seguimiento a los casos de personas privadas de libertad que podrían recuperar su libertad debido a su condición de salud o porque ya cumplen los requisitos establecidos por la ley.
Entre las situaciones que analiza figuran las de personas con enfermedades terminales o problemas de salud mental. En estos casos, el equipo toma en cuenta los dictámenes médicos para documentar las condiciones de cada interno.
Posteriormente, corresponde a los juzgados valorar las solicitudes que presenta la Defensa Pública y determinar si procede adoptar alguna medida conforme a la legislación aplicable.
La revisión comprende tanto los aspectos médicos como las circunstancias jurídicas de cada persona. De esta manera, la mesa técnica busca identificar los expedientes que pueden avanzar hacia una eventual salida de los centros penitenciarios, sin sustituir las decisiones que corresponden a los órganos jurisdiccionales.
El seguimiento de estos casos permite examinar las condiciones particulares de las personas privadas de libertad y establecer si cumplen los criterios necesarios para que las autoridades judiciales evalúen sus solicitudes.
