Tegucigalpa, Honduras.— La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ordenó revocar la medida cautelar distinta de la prisión para un exfuncionario de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Se trata de Héctor Antonio Herrera Flores, exasesor legal y administrador de contratos de Invest-H, a quien el Ministerio Público (MP) acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, al estar involucrado en la compra fraudulenta de los hospitales móviles durante la pandemia del covid-19.
El tribunal de alzada, por unanimidad de votos, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP) y anuló la resolución adoptada en una primera instancia en la que se le otorgó el beneficio de defenderse en libertad.
Debido a esto se ordenó al Tribunal de Sentencia regresar a la medida cautelar de prisión preventiva al imputado Héctor Herrera.
Daños irreparables
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial (PJ), explicó que "para los magistrados (de Corte de Apelaciones), la acusación formulada involucra delitos de alto impacto, relacionados con corrupción pública y perjuicio económico al Estado, cuya cuantía supera los mil millones de lempiras".
Referido a lo explicado anteriormente y teniendo en cuenta la gravedad de la pena potencial, la magnitud del daño y la trascendencia del caso, en términos de interés público, las medidas no pueden ser minimizadas ni sustituidas por sustitutivas a la cárcel.
Con esas valoraciones realizadas al resolver el recurso de apelación, la Corte de Apelaciones es del criterio que las medidas dictadas no eran suficientes y consideró que la prisión preventiva sigue siendo proporcional, idónea y necesaria hasta concluir el juicio, para proteger los fines del proceso y garantizar la comparecencia del encausado.
El requerimiento fiscal detalla que Héctor Antonio Herrera Flores tuvo participación a título de cooperador necesario en la compra dolosa de siete hospitales móviles que servirían para atender a los pacientes afectados por el virus covid-19, durante la pandemia.
Los hospitales contenedores fueron comprados por un valor de 47,512,564 de dólares, equivalentes a 1,174, 517,764,33 de lempiras, pero estos nunca funcionaron para el fin que fueron adquiridos, ocasionando daños graves al Estado de Honduras.
