Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Mario Segura presentó en una sesión celebrada el martes 7 de abril, ante el pleno del Congreso Nacional un proyecto de decreto orientado a reformar los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República.
La iniciativa busca arrebatarle al Poder Ejecutivo la potestad exclusiva de nombrar al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y trasladar dicha responsabilidad al Poder Legislativo, con el fin de garantizar la independencia, la apoliticidad y el respeto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Al sustentar su propuesta, el diputado Segura realizó un diagnóstico de la historia política hondureña, la cual ha estado marcada por la inestabilidad y la ruptura del orden democrático.
El legislador recordó que el país ha experimentado 14 constituciones originadas en cambios violentos de poder y que, en un lapso de 35 años, entre 1957 y 1982, se generaron cinco golpes de Estado contra gobiernos civiles y militares, dando lugar a tres constituciones distintas.
Segura destacó que, aunque la actual Constitución de 1982 ha sobrevivido a crisis críticas, ha sido objeto de constantes manipulaciones, ya que de 22 artículos que tratan sobre las Fuerzas Armadas, 18 han sido reformados o interpretados, dejando solo cuatro con su redacción original.
Reformas
El proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado liberal propone una modificación profunda al artículo 280.
En este nuevo texto, se establece que el Jefe del Estado Mayor Conjunto y presidente de la Junta de Comandantes debe ser un oficial general o superior con el grado de General de Brigada en servicio activo.
Su elección sería realizada un año antes del periodo electoral por el Congreso Nacional, partiendo de una terna propuesta por la Junta de Comandantes basada en honores, méritos y escalafón militar.
El oficial elegido duraría en sus funciones cuatro años y solo podría ser removido por el Congreso mediante la figura del juicio político o en los casos previstos por la ley.
Dentro de las nuevas disposiciones del artículo 280, se incluye una prohibición estricta de nepotismo, señalando que no podrá ser elegido ningún pariente del presidente de la República o de sus sustitutos legales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Asimismo, se establece un mecanismo de contrapeso inédito: cuando el Estado Mayor Conjunto actúe en protección de la supremacía constitucional, el libre sufragio y la alternabilidad democrática, lo hará con autonomía del contrapoder constitucional, quedando libre de la cadena de mando militar del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, debiendo denunciar cualquier irregularidad detectada ante la Procuraduría General de la República.
Por su parte, la reforma al artículo 281 detalla el protocolo ante ausencias. En caso de ausencia temporal del jefe militar, desempeñará provisionalmente las funciones el subjefe del Estado Mayor Conjunto o el inspector general.
No obstante, el proyecto aclara que, en caso de producirse una ausencia definitiva del titular, será nuevamente el Congreso Nacional quien haga el nombramiento en los mismos términos consignados en el artículo 280.
Mario Segura enfatizó que esta medida busca devolver la legitimidad a la institución, recordando que en 1982 el jefe militar tomaba su promesa de ley ante el Congreso, que es la máxima representación del pueblo hondureño.
Segura fue contundente al justificar la necesidad de este cambio debido a la politización observada en la cúpula militar saliente.
El diputado señaló que las Fuerzas Armadas son garantes de los centros electorales y deben ser totalmente apolíticas, criticando que el jefe anterior pareciera actuar más como un militante del partido de gobierno que como un general de cinco estrellas.
Con esta reforma, se pretende que los militares tengan más independencia y no deban obedecer ciegamente a ningún presidente de turno, sino al pleno de diputados y a la población hondureña en general.
"Vimos lo que pasó con Roosevelt Hernández, solo faltó que se juramentara con el Partido Libre aun siendo un militar. Las Fuerzas Armadas deben ser totalmente apolíticas y con esto queremos que tengan más independencia de la población y no obedecerle a ningún presidente, sino al pleno y al pueblo", explicó Segura.
Analisis
Sobre este particular, el diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Kilvett Bertrand, informó que el proyecto de ley fue turnado de manera inmediata a la comisión que preside para iniciar con el análisis correspondiente de cada uno de los artículos presentados por Segura.
Bertrand manifestó que no puede emitir juicios adelantados sin conocer la totalidad del articulado, pero reconoció que existe una necesidad imperante de trasladar la elección del jefe militar al Poder Legislativo para evitar que la decisión quede bajo el criterio único y personal de un presidente de la República.
El parlamentario nacionalista detalló que la Comisión de Defensa y Soberanía tiene previsto trabajar arduamente en el estudio del proyecto para dialogar directamente con los miembros de las Fuerzas Armadas y tratar de alcanzar un consenso institucional.
Bertrand subrayó que el objetivo no es buscar un control arbitrario sobre los militares, sino todo lo contrario, ya que el Congreso Nacional posee la representación de diversas fuerzas políticas, a diferencia de la figura presidencial que responde únicamente a los intereses de su partido de turno.
Bertrand recordó que la Constitución de la República es clara al establecer que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y no deliberante, una norma que a su juicio fue vulnerada en los últimos cuatro años.
Según el congresista, el país fue testigo de cómo un Jefe del Estado Mayor Conjunto se convirtió en un actor político y deliberante al inmiscuirse en temas de proselitismo, lo que representó una violación directa a la carta magna que no debe repetirse bajo ninguna circunstancia en la historia democrática del país.
El titular de la Comisión de Defensa aseguró que la unión de las fuerzas políticas en el Congreso garantiza una toma de decisiones más equilibrada y transparente en comparación con la voluntad unilateral de un mandatario.
El congresista adelantó que, una vez discutido con el resto de los miembros de la comisión, se emitirá un dictamen que, de ser positivo, pasará a la discusión final en el pleno del hemiciclo legislativo para asegurar que el próximo jefe militar responda a la Constitución y no a una agenda partidaria.
Por otro lado, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) ha mostrado una postura de reserva y cautela frente a lo que consideran una reforma estructural que debe ser analizada con lupa.
El diputado Ronald Panchame señaló que al tratarse de una reforma constitucional es imperativo evaluar cómo lo tomará la estructura organizada de las Fuerzas Armadas, ya que ellos poseen una organización interna muy rígida.
Panchame indicó que, por ahora, la bancada oficialista se limitará a estudiar el proyecto de decreto para emitir una opinión más acertada una vez que se hayan desglosado todas las implicaciones legales.
El legislador de Libre enfatizó que cualquier intención de tocar la organización del Estado requiere una revisión profunda de la Constitución y no puede tomarse a la ligera sin una socialización previa con todos los sectores involucrados.
Para Panchame, el tema de la subordinación militar es un eje central de la República que amerita una discusión con calma, sugiriendo que la sociedad civil también podría tener inquietudes o resquemores ante un cambio de esta magnitud que altera las jerarquías tradicionales entre los poderes públicos.
Panchame cuestionó la lógica detrás de la propuesta, argumentando que si el oficialismo busca evitar la subordinación al Ejecutivo, terminarían creando una nueva subordinación hacia el Poder Legislativo.
En ese sentido, el diputado puso en duda si el Partido Liberal y el Partido Nacional están actuando en conjunto bajo una estrategia de concentración de poder, algo que a su criterio ha sido una constante en los últimos 60 días de gestión parlamentaria por parte de la mayoría opositora.
Cambio positivo
En ese sentido, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó el proyecto como una medida muy positiva para la salud democrática de la nación.
Hernández señaló que la concentración de poder y la intervención directa observada en el último proceso electoral sobre la cúpula de las Fuerzas Armadas resultó sumamente dañina, sometiendo al país a un nerviosismo y una presión innecesaria.
Para el representante de la sociedad civil, la democracia requiere de contrapesos reales y efectivos que impidan que un solo partido político maneje a su antojo las instituciones de seguridad.
Hernández subrayó que el hecho de que el nombramiento del jefe militar deba pasar por una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso es una garantía de que ninguna fuerza política tendrá el control absoluto sobre las Fuerzas Armadas.
Recordó que este mecanismo no es una invención nueva, sino una corrección a las falencias que se generaron tras las reformas de años anteriores.
Según el director de la ASJ, corregir estos vacíos legales permitirá que la dirección de la institución armada no se partidice, evitando el daño institucional que genera el control sectario sobre una entidad que goza de tanta credibilidad y respeto entre la población.
Para el titular de la ASJ, el sistema republicano se fortalece cuando las decisiones no recaen sobre una sola figura presidencial que representa a un partido, sino en un órgano colegiado donde conviven múltiples bancadas.
Hernández enfatizó que, aunque siempre existe cierta desconfianza hacia los políticos, un proceso de elección plural es mucho más democrático y saludable para Honduras.
En su análisis, desconcentrar el poder que actualmente reside en el Ejecutivo es la única vía para lograr beneficios reales a la democracia, asegurando que el jefe de las Fuerzas Armadas responda a los intereses nacionales y no a cálculos políticos particulares.
Y el analista político Tulio Gonzáles consideró que la propuesta de reforma representa un cambio positivo y necesario que ya está cumpliendo su función de generar debate y criterios diversos en la sociedad.
Gonzáles señaló que es imperativo profesionalizar el servicio público y blindar a las instituciones para evitar la politización que se vio en el pasado reciente, donde jefes militares se convirtieron desafortunadamente en activistas políticos.
Según el analista, este primer paso legislativo es saludable para la democracia hondureña, ya que produce las inquietudes necesarias para perfeccionar el marco legal del país.
No obstante, Gonzales planteó algunas interrogantes técnicas que deben ser meditadas antes de la aprobación definitiva, especialmente en lo referente a la duración del cargo por cuatro años.
El analista cuestionó si es conveniente que el periodo del jefe militar coincida exactamente con el ciclo presidencial, sugiriendo que este punto requiere un análisis más profundo para determinar si realmente satisface la necesidad de independencia que se busca.
Para el experto, blindar la figura del Jefe del Estado Mayor Conjunto es fundamental para evitar abusos, pero los plazos y mecanismos de sucesión deben ser diseñados con una visión de largo plazo.
Para el analista, la dinámica de la ley debe permitir espacios para reformas electorales y estructurales correctas que fortalezcan el estado de derecho.
Gonzales concluyó que, más allá de las dudas sobre los periodos de tiempo, lo más importante es que la iniciativa ya está en el tapete de discusión pública, obligando a las fuerzas políticas y a la sociedad a reflexionar sobre cómo proteger a las Fuerzas Armadas de las garras de la política partidaria.
