Tegucigalpa, Honduras.- Las organizaciones de migrantes hondureños en Estados Unidos se alistan para tomar acciones en contra de las medidas del presidente, Donald Trump, que amenaza con expulsarlos de esa nación durante los próximos cuatro años.
Los migrantes de diferentes nacionalidades salieron el martes a trabajar, pero con miedo; muchos temen que los vayan a sacar de sus empleos, otras madres se aterran solo de pensar que las separen de sus hijos, otros temen perder sus bienes o ser detenidos injustamente y que los deporten.
El mensaje, según los entrevistados por EL HERALDO, es que los posibles detenidos y deportados serán personas que han cometido faltas y delitos, como los ligados a las pandillas, a la distribución de drogas y quienes han representado una amenaza para la sociedad norteamericana.
También nace la preocupación de que en las redadas se vayan a llevar y deportar a personas que se dedican a trabajar y a pagar sus impuestos, pero que no tienen documentos.
Muchos migrantes salieron pavoridos el martes de sus trabajos, porque se dijo que habían comenzado las redadas en áreas laborales y que se extenderán a los centros educativos.
La cadena Telemundo publicó en su portal web que el nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan, informó de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaría las redadas en Chicago, en el estado de Illinois, y San Antonio, en Texas.
Lurvin Lizardo, integrante de la organización Hispanos por La Florida, declaró que en las calles se siente el temor de los migrantes, no solo de los hondureños, sino que de los guatemaltecos, mexicanos y de otros países, quienes dicen que están asustados.
“La comunidad ahora mismo le tiene miedo a las redadas, pero ellos —las autoridades— dicen que van a hacer redadas solo para las personas que deben delitos, pero siempre caen inocentes, porque si encuentran a alguien que no tiene papeles, también se lo llevan, ya se han visto casos”, señaló.
Algunas de las acciones anunciadas por Trump ya son efectivas, como la cancelación de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas y poder gestionar su ingreso a Estados Unidos de una forma legal solicitando asilo.
También se declaró emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, para evitar el ingreso de personas ilegales por medio de la movilización de tropas y la política “Quédate en México”, es decir, que los migrantes deben esperar en ese país hasta que se decida si les aprueban el asilo.
Uno de los tantos decretos que firmó Trump la noche del lunes 20 de enero, luego de tomar posesión, fue negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, medida que ha provocado, desde ya, decenas de demandas por ser considerada inconstitucional.
El martes, una docena de fiscales de estados demócratas interpusieron una demanda contra Trump por la propuesta de quitarle la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados.
El argumento es que viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que otorga el derecho a la ciudadanía.
“Sin embargo, a pesar de los amplios poderes del presidente para establecer la política de inmigración, la Orden de Privación de la Ciudadanía está muy por encima de los límites legales de la autoridad del presidente”, dice el documento.
Una madre de familia le dijo a Lurvin que estaba preocupada, porque si la agarran en una de las redadas, ¿qué va a pasar con sus hijos?, “lo que le decimos a los hondureños es que se preparen y tengan un plan B, como dejar una carta poder para que los niños se puedan quedar con un pariente”, recomendó.
Lizardo es del criterio que la medida de militarizar la frontera sur de Estados Unidos y controlar los ingresos es positiva, porque en los últimos años han entrado muchas personas, entre ellos venezolanos, que han llegado a cometer crímenes condenables.
“Se han hecho muchas cosas aquí adentro y por unos pagamos otros, los americanos nos han cogido como rabia, porque tres meses atrás unos venezolanos violaron a una niña”, sentenció la hondureña.
Demandas
Isaac Dubón, líder comunitario y defensor de derechos humanos de los hondureños en Estados Unidos, declaró a EL HERALDO Plus que ya crearon un bloque de unidad en contra de las políticas del presidente Trump, en especial aquellas que los dañen.
Comentó que previo al inicio del segundo mandato del presidente Trump se comenzó a educar a la comunidad sobre cuáles son sus derechos, qué deben hacer cuando la Policía los detenga, o si están en el hospital y les consulten sobre su estatus migratorio, qué decir.
Expresó que hay derechos constitucionales inquebrantables, y se van a apegar a la Constitución de la República de Estados Unidos, pero también, se van a interponer demandas ante la Corte Suprema de Justicia y van a apelar al derecho internacional, a los convenios internacionales que defienden al migrante y al derecho de migrar.
Sobre el decreto de negarle la ciudadanía a los niños nacidos de padres migrantes, dijo que “es importante resaltar que ese decreto es inconstitucional y es el temor que nosotros teníamos, que el presidente Trump ya se esté yendo contra la Constitución de la República”.
Citó que la enmienda 14 ya establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadano americano, y que no puede ser reformada vía decreto ni por orden ejecutiva, sino que tendrá que ser por medio del Congreso y el Senado.
“En ese sentido, el decreto está anulado, no tiene vigencia y si mañana nace un niño de padre migrante que no tiene documentos de identificación en Estados Unidos, seguirá siendo estadounidense”, resaltó.
Sobre la orden de anular la medida de capturar y dejar en libertad a migrantes, Dubón indicó que ahí hay dos factores importantes a considerar, la primera es que hay personas que tienen orden de deportación, entre ellos 261,000 hondureños.
El otro aspecto es que en ese tipo de medidas pagan justos por pecadores, es decir, que las autoridades buscan a personas culpables, y capturan a inocentes que pueden ser afectados si no tienen la debida asistencia legal.
Actualmente, todos están a la expectativa, porque el presidente Trump ha hablado de deportar a 11 millones de indocumentados, a pesar de que son padres de familia que trabajan y pagan sus impuestos.
“En ese aspecto nosotros vamos a luchar para proteger estos sectores de la comunidad que son muy valiosos para Estados Unidos y para sus países de origen”, sentenció el defensor hondureño.
Tampoco descartan que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea cancelado, así como lo intentó hacer Trump en su primer mandato (2017-2021), basado ahora, en que las razones por las que se calificó ya son bastante antiguas, porque data desde 1998.
Programas humanitarios
Para Porfirio Quintano, coordinador de la Diáspora Hondureña Internacional, INC, todas las medidas del presidente Trump son parte de una guerra psicológica, no solo para la comunidad migrante, sino que para la diversidad sexual, la salud y el medio ambiente.
En ese sentido, todas las medidas son apelables, por ejemplo, en el caso de negar la nacionalidad a los nacidos de migrantes, ya hay demandas particulares y colectivas de varios estados, porque no es posible aplicar esa medida por medio de una orden ejecutiva.
Quintano también es del criterio que sí van a tocar el tema del TPS y va a haber mucho de qué hablar de eso, porque la lucha de las comunidades amparadas en ese tipo de beneficio va a ser mucho más intensa.
Ellos, como organización, creen que ya no se va a intentar eliminar el TPS con los mismos argumentos homofóbicos como lo hizo en la primera administración, porque fue demandado y gracias a esos procesos legales es que está vigente.
En ese sentido, “todo está abierto a una demanda, porque hay tratados internacionales, hay fundamentos históricos del país y su engranaje legal está siendo violentado, cambiando la historia de cómo ha sido administrado Estados Unidos”, estimó Quintano.
Juan Flores, presidente de la fundación 15 de Septiembre, afirmó a EL HERALDO Plus, que él ya comenzó a tomar algunas acciones, reuniéndose con representantes del Congreso de Estados Unidos, donde les expuso los peligros sobre deportar a los migrantes hondureños.
Dijo que les ha explicado a los altos funcionarios que Honduras todavía no se logra recuperar de las tragedias que ha tenido en los últimos años.
Flores expuso que todas las medidas que ya se han aplicado son perjudiciales, como cerrar por completo las fronteras, porque a quien afecta es a los hondureños que tienen meses de estar esperando una oportunidad para entrar a Estados Unidos.
Esa situación es muy peligrosa, porque en la desesperación pueden tomar la decisión de entrar por sitios peligrosos que no estén resguardados, como el desierto y el mismo río Bravo, donde pueden perder la vida.
Flores consideró que en vez de tomar esas medidas, el gobierno del presidente Trump debería buscar soluciones de desarrollo para los países de dónde más migra la gente.
Los congresistas, afirmó el dirigente hondureño, han tomado en cuenta las amenazas de la presidente, Xiomara Castro, de expulsar las tropas militares que tiene Estados Unidos en el país, señalando que “ella (Castro) no está colaborando mucho para que nosotros como migrantes tengamos algún beneficio”.
“Lo que nos queda como hondureños es hacerle ver al gobierno del presidente Donald Trump lo valioso que somos los inmigrantes hondureños para el desarrollo de este país, y pedir que nuestros hijos y familia no sean deportados”, expresó.
Martha Barahona, integrante de la Fundación 15 de Septiembre, declaró que todo mundo está preocupado y lo que más les angustia es dejar a sus hijos, ya que muchos están pequeños.
“Lo que sí estamos seguros nosotros, es que las deportaciones van a empezar por quienes tienen las órdenes de deportación, por las personas que andan cometiendo delitos”, confió, pero el problema es que también encuentren a otras personas que no tienen documentos, a pesar de no tener ninguna falta también será deportada.
Consideró que hay medidas que no se pueden contrarrestar con demandas, como las deportaciones de personas que han cometido alguna falta o delito, pero en casos como el TPS o los beneficiarios de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), sus organizaciones ya saben qué hacer.
El presidente Trump, entre otras medidas que afectan a Honduras, suspendió por 90 días de los programas de ayuda al exterior mientras son examinadas, como los de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
José Tercero Midence, experto en derecho norteamericano, advirtió que las personas irregulares en Estados Unidos no pueden demandar por las medidas aplicadas por el presidente Trump.
En primer lugar, porque no tienen lo que se llama “standing” (documento que certifica la existencia de una persona), es decir, no tienen derechos constitucionales porque están indocumentados. Si tuvieran documentos de esa nación, podrían hacerlo alegando que hay un agravio y que ese agravio es del gobierno.
Sobre eliminar la nacionalidad por nacimiento, explicó que no que se está actuando en contra de la enmienda 14, sino que se está tomando en cuenta la jurisdicción de los padres y su estatus migratorio.
Si los padres tienen estatus irregular o si entraron con la visa de turista, sus hijos (nacidos después del 19 de febrero de 2025) perderían la nacionalidad, y por eso, también se habla de limitar la estadía de mujeres que llegan embarazadas a Estados Unidos, para que no vayan a dar a luz a ese país.
