Varias son las observaciones realizadas al proyecto de reforma de la Ley Marco de Telecomunicaciones que impulsa la administración de Porfirio Lobo y que, según diversos sectores, contiene graves perjuicios al libre ejercicio de la libertad de expresión.
Héctor Espinal, especialista en comunicaciones, recomendó armonizar la propuesta de reforma con los convenios y compromisos internacionales, la Constitución de la República, la Ley vigente de Telecomunicaciones y con los reglamentos y leyes secundarias.
De esta manera, según Espinal, se podrán despejar las dudas sobre si existen contradicciones en torno a las reformas y si hay o no amenazas a la libertad de expresión.
Y es que estas reformas se plantean, por parte del gobierno, en medio de una serie de ataques y campaña de desprestigio promovida desde la estructura de gobierno en contra de los medios de comunicación independientes.
Propuesta
“Una de nuestras propuestas es el tema relativo a la armonización del anteproyecto de ley actual con los convenios y tratados internacionales, con la Constitución de la República, con reglamentos y con leyes secundarias”, dijo.
“Esto nos ayudará a ver si es cierta la contradicción que yo me imagino o está resuelta esa contradicción que yo supongo y la uso como un texto fuera del contexto para mi pretexto”.
“El lector o la lectora puede creer que este anteproyecto de ley nació hoy y que no tiene ninguna vinculación con convenios internacionales, con tratados internacionales y con las tecnologías de información y comunicación”, subrayó.
Espinal sostuvo que se debe incorporar en la estructura del proyecto de reforma el proceso de consulta realizado a la fecha así como la estructura de la institucionalidad que sostendrá la nueva ley. “No basta con que un medio de comunicación dedique cinco o diez horas al tema de educación, ya sea educación popular, formal o alternativa, las personas podemos elegir ver un canal local o internacional”, consideró. El pasado viernes el presidente Porfirio Lobo integró una comisión que se encargará de recoger una serie de recomendaciones y observaciones planteadas por diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación, durante una reunión convocada para revisar el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
