Una “fuerza de tarea” integrada por representantes de Tigo, Claro, Hondutel y Conatel será la encargada de realizar el proceso de bloqueo de entrada y salida de llamadas en los 24 centros penales del país.
En el diario oficial La Gaceta ya fue publicada la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS), en centros penales a nivel nacional, donde se da a conocer que está expresamente prohibido “brindar o prestar servicio en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales del país”.
La ley faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que en conjunto con los operadores de telefonía procedan y con plazo máximo de diez días, que vence el 14 de febrero, a desmontar las antenas que permiten la cobertura del servicio en los 24 centros penales del país.
Ricardo Cardona, presidente de Conatel, comentó que si las operadoras no acatan la disposición serán sancionadas con una multa de 20 millones de lempiras, y si son reincidentes se les va a suspender la concesión.
“Los operadores y técnicos de Conatel están listos para comenzar las acciones pues se hace un cronograma de las actividades y a partir del 14 de febrero estar con las restricciones, pues la función de Conatel es supervisar y no tenemos ningún problema con los operadores”, dijo Cardona.
“Conatel hará la parte técnica porque también está la parte humana en los centros penales, no es posible que dejen entrar teléfonos celulares a los centros penales y eso le corresponde al Ministerio de Seguridad, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte”, enfatizó.
