Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha recibido una iniciativa de ley que apunta a meter en cintura a las empresas que ofrecen financiamiento directo no bancario, una modalidad que por años ha operado con escasa regulación y bajo constantes quejas por tasas de interés asfixiantes.
El proyecto, presentado por el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, pretende establecer límites claros a los costos financieros que imponen los proveedores de bienes y servicios, garantizando que el consumidor conozca el precio real de lo que adquiere al crédito.
Esta propuesta legislativa surge como una respuesta a la proliferación de deudas impagables generadas en establecimientos comerciales donde, a diferencia de la banca regulada, los intereses suelen ser significativamente más altos.
La iniciativa busca que la Dirección General de Protección al Consumidor tenga dientes para sancionar abusos y que el Banco Central de Honduras (BCH) juegue un rol técnico en la fijación de techos máximos para las tasas, evitando que el financiamiento comercial se convierta en una trampa de pobreza para las familias hondureñas.
"El proyecto de ley está orientado a regular el financiamiento comercial directo no bancario y fortalecer la protección de los consumidores frente a prácticas abusivas", establece el proyecto de Mejía.
Uno de los pilares de la reforma es la obligatoriedad de transparentar la Carga Financiera Total (CFT) y la Tasa Anual Efectiva (TAE) en cada contrato.
Con esto, se busca que el comprador no solo vea una cuota semanal o mensual aparentemente baja, sino que comprenda el impacto total de los intereses, comisiones y seguros que suelen inflar el costo final de electrodomésticos, muebles o vehículos.
Actualmente, la falta de una normativa específica permite que muchos proveedores oculten el costo real detrás de publicidad engañosa o cargos encubiertos.
"La propuesta plantea establecer un rango máximo para la TAE, el cual será determinado con base en parámetros técnicos vinculados a la tasa activa promedio publicada por el Banco Central de Honduras", detalla la iniciativa presentada por el parlamentario liberal.
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Crédito Comercial.
Este censo permitirá a las autoridades identificar y supervisar a todas las empresas que prestan dinero o venden al fiado, sometiéndolas a mecanismos de control que antes eran exclusivos del sistema financiero.
Aquellos negocios que incurran en el cobro de cargos no informados o mecanismos que induzcan al error podrían enfrentar desde multas severas hasta la cancelación definitiva de sus permisos de operación.
"En materia de sanciones, el proyecto prevé multas, devolución de cobros indebidos, suspensión de operaciones e incluso cancelación de autorización en casos graves", advierte el documento legislativo.
Con esta ley, se obligaría a que la publicidad refleje obligatoriamente la tasa efectiva y el monto total a pagar, eliminando las letras pequeñas que confunden al usuario.
"El proyecto también prohíbe prácticas consideradas abusivas, como el cobro de cargos encubiertos o no informados, así como cualquier mecanismo que induzca a error", expuso Mejía.
El impacto de esta normativa sería evaluado periódicamente por el Banco Central para realizar ajustes técnicos que mantengan la competencia leal sin asfixiar el comercio.
La propuesta también incluye un componente de educación financiera para que la población aprenda a comparar ofertas antes de comprometer sus ingresos futuros.
