Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha recibido una iniciativa de ley que promete aliviar la carga económica de millones de usuarios del sistema financiero, atacando directamente uno de los costos operativos más cuestionados por la ciudadanía, las comisiones por transferencias electrónicas.
La propuesta, presentada por la diputada liberal Saraí Espinal, busca establecer la gratuidad obligatoria para las transacciones interbancarias realizadas a través del sistema ACH, fijando un techo mensual de 25,000 lempiras para personas naturales.
Esta medida surge en un contexto donde el uso de canales digitales ha crecido exponencialmente, pero los costos asociados siguen siendo una barrera.
Actualmente, las instituciones bancarias en Honduras aplican tarifas que oscilan en los 40 lempiras por cada transferencia enviada (ACH saliente).
La iniciativa pretende que estos movimientos de dinero, que ya forman parte de la cotidianidad, dejen de ser una fuente de lucro adicional para los bancos a expensas del usuario común.
"Se establece la gratuidad obligatoria de las transferencias electrónicas interbancarias realizadas a través del sistema ACH para personas naturales hasta un monto acumulado mensual de 25,000 lempiras", establece el artículo 1 del proyecto de ley.
El dictamen no solo se limita a la eliminación del cobro directo, sino que incluye un blindaje para evitar que la banca nacional traslade ese costo a otros rubros.
El artículo 2 prohíbe explícitamente la creación de cargos ocultos o comisiones indirectas que pretendan sustituir el ingreso perdido por la gratuidad de las transferencias.
Esta disposición responde a la preocupación de que, ante la regulación de una tarifa, las instituciones financieras implementen nuevos cobros por servicios conexos como consultas de saldo o mantenimiento de banca en línea.
Para las transacciones que superen el límite de los 25,000 lempiras, la ley permitiría a los bancos aplicar cargos, pero bajo una supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Los nuevos montos deberán regirse por criterios de proporcionalidad y transparencia, evitando cobros abusivos en movimientos de mayor cuantía.
"Las instituciones del sistema financiero nacional no podrán establecer cargos ocultos, comisiones indirectas o mecanismos que sustituyan el cobro eliminado conforme a este presente decreto", señala la propuesta de Espinal.
La implementación de esta normativa sería progresiva para permitir que la banca realice las adecuaciones tecnológicas necesarias.
El cronograma propuesto otorga un plazo de 180 días para la aplicación total de la ley, comenzando con un periodo de 90 días para ajustes de sistemas.
De ser aprobada, la CNBS tendrá la facultad de emitir sanciones severas contra los bancos que incumplan con la gratuidad, con multas que podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos generados por servicios financieros, un castigo para asegurar el respeto a los derechos del consumidor.
"El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto dará lugar a imposición de sanciones de multas hasta de un 5% para los ingresos generados por servicios financieros", puntualiza el artículo 6 de la iniciativa.
La diputada Espinal enfatizó que esta ley responde a un clamor popular ante lo que muchos consideran un cobro injustificado por un servicio automatizado.
La mirada ahora está puesta en la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, que deberá evaluar la viabilidad técnica de la propuesta.
El reto será equilibrar la sostenibilidad del sistema financiero con el beneficio directo a la población, en un debate donde la banca privada y los entes reguladores tendrán que definir si el costo del clic seguirá siendo un obstáculo para la economía familiar.
"Esperamos que esta iniciativa de ley pueda ser tomada en consideración por nuestros compañeros diputados para beneficiar a la población hondureña que tiene constantes quejas por estos cobros", concluyó la parlamentaria.
