La Fiscalía contra la Corrupción interpuso la primera acusación contra dos funcionarios del actual gobierno por venta de plazas en el sistema educativo público.
Las investigaciones iniciaron un par de meses luego que trascendieran innumerables denuncias de venta de plazas para el nombramiento de maestros en niveles primario y medio. El propio ministro de Educación, Marlon Escoto, señaló la existencia de nombramientos irregulares en la docencia.
Un expediente ya concluyó, confirmando irregularidades vinculadas a actos de corrupción en que habrían incurrido funcionarios de la Secretaría de Educación.
El caso refiere a una denuncia que interpusieran maestras afectadas por el soborno de algunos funcionarios educativos.
“Se iniciaron las diligencias investigativas de las cuales ya tiene un avance en las mismas, por lo que hemos llegado a la conclusión que sí hay participación de algunos imputados”, informó a EL HERALDO la fiscal contra la Corrupción, Gladys Palencia.
En tal sentido, se trabajó en la presentación del primer requerimiento fiscal, en el Juzgado de Letras Penal Seccional de Intibucá.
“Inicialmente hemos presentado requerimiento fiscal contra el señor José Antonio Medina Díaz, quien en ese entonces se desempeñaba como director general de Educación; y contra el señor Luis Orlando Murillo Mejía, director departamental de Intibucá”, informó.
La acusación contra estas personas se interpuso por el delito de cohecho en perjuicio de la administración pública.
Por la supuesta venta de plazas, Medina Díaz fue suspendido de su cargo el pasado diez de abril, por instrucciones del ministro Escoto.
La acusación se interpuso en Intibucá en virtud que los presuntos actos delictivos se cometieron en la oficina de la dirección Departamental de Educación de esa zona del país.
Pidieron dinero
El delito de cohecho se comete con el solo hecho de pedir dinero a cambio de algo.
“Como en efecto se dio en estos casos de las profesoras Perla Jasmine Flores Vásquez y Elba Patricia Rivera Flores”, expresó.
Según comprobó la Fiscalía en su investigación, a la docente Perla Flores le fue solicitada la cantidad de 85,000 lempiras a cambio de concederle una plaza.
La acción ilícita habría sucedido cuando Medina Díaz visitó Intibucá, el año anterior. El director le dijo a Murillo, “esta es la maestra a la que le vamos a ayudar, con la plaza de la cual te hablé”, en ese momento le habían solicitado que para agilizar su plaza necesitaban otra maestra que estuviera exonerada, por lo que esta buscó a Elba Patricia, a quien Murillo le pidió 70,000 lempiras por la plaza. “La entrega de los 85,000 lempiras la profesora lo hizo aquí en la oficina del director general de Educación”, afirmó Palencia.
“La otra maestra (Elba Rivera) lo hizo allá en la oficina de la Departamental de Intibucá, en presencia del señor Luis Murillo y del papá de la maestra”, indicó. Los 50,000 los pudo obtener por préstamos que le hiciera su padre y hermano. Se le dio un plazo de dos días para pagar los 20,000 restantes y así completar los 70,000 lempiras. Así lo hizo, los 20,000 los depositó la maestra el pasado cuatro de octubre en una cuenta bancaria. La Fiscalía pide orden de captura contra ambos imputados.
