La Ley de Seguridad Poblacional, más conocida como tasa de seguridad, sigue provocando polémica, esta vez por el manejo de los fondos del fideicomiso.
Y es que el Congreso Nacional tiene previsto aprobar esta semana un decreto orientado a que dicho fideicomiso sea establecido temporalmente en el Banco Central de Honduras.
El proyecto de ley que se encuentra en proceso de dictamen se contrae en su artículo uno a: Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que suscriba un contrato de fideicomiso temporal con el Banco Central de Honduras, para la administración de los fondos provenientes del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, hasta que dicha Secretaría licite, adjudique y suscriba el contrato de fideicomiso permanente con una o varias instituciones financieras del sistema bancario nacional.
El diputado proyectista no explica en su exposición de motivos la razón por la que solicita que sea el Banco Central y no un banco privado quien opere el fideicomiso.
“Changoneta”
Lo cierto es que la semana pasada en sesión de Consejo de Ministros el presidente Porfirio Lobo se molestó porque desde el 25 de abril se están captando las “contribuciones” para la denominada tasa de seguridad y la Secretaría de Finanzas aún no ha suscrito el fideicomiso con un banco del sistema privado.
El mandatario hasta se molestó cuando el secretario privado de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, y el titular de Finanzas, Héctor Guillén, le hablaron de introducir una nueva reforma al Congreso Nacional que permita de manera temporal la suscripción del fideicomiso entre el ministerio de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH).
“No hay más reformas, no esperen reformas en el Congreso, esto parece como changoneta, que viene una reforma y viene otra modificación, no hay reformas, hasta que mientras no esté en firme”, advirtió Lobo a sus subalternos.
Pero el miércoles anterior fue el diputado por Olancho, Francisco Rivera, quien hizo la propuesta, pero a través de un decreto ley, no por medio de una reforma al polémico decreto 199-2011, en el cual se aprueba la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
El Congreso Nacional aprobó el año anterior la polémica tasa de seguridad, el cual tendrá una duración de cinco años, a razón del manejo de un fideicomiso de 1,500 millones de lempiras por cada ejercicio fiscal para un monto global de 7,500 millones de lempiras.
La iniciativa afecta las cuentas bancarias de los hondureños, la actividad minera, con cinco por ciento sobre las exportaciones, la telefonía celular con el uno por ciento sobre el volumen de ventas, las comidas rápidas con el 0.5 por ciento de sus ingresos brutos mensuales y otros rubros.
El artículo dos del proyecto de ley presentado por el diputado Rivera “autoriza utilizar hasta un cinco por ciento (5%) de los recursos recaudados provenientes del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional para el financiamiento operativo del Comité de Administración y Adquisiciones”.
El decreto 199-211 fue recientemente reformado por el Congreso Nacional por la vía de la interpretación.
Según expertos, tras dichas interpretaciones se habla de un excedente de casi un cien por ciento en las captaciones de la denominada tasa de seguridad.
Debido a esto, el diputado por Francisco Morazán, Osman Aguilar, ha propuesto una reforma orientada a que los excedentes del fideicomiso no sean manejados por el denominado fondo de desarrollo social, el que se teme sea empleado políticamente para favorecer a determinado precandidato.
Aguilar sugiere una nueva redacción en el sentido de que los excedentes podrán pasar a una cuenta especial para proyectos sociales, y atención a emergencias y desastres naturales, a la cual podrán optar el presidente de la República y las municipalidades de todo el país, y siempre estarán sujetos estos fondos al Comité Técnico creado en el artículo 5 y demás disposiciones aplicables de la de la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
