La migración de los buses urbanos regulares, conocidos como “grandes”, a los denominados ejecutivos, representa un jugoso y lucrativo negocio para un grupo de transportistas que han adoptado esta modalidad, ya que además de cobrar una tarifa de 11 lempiras, reciben diariamente 1,075 lempiras por cada unidad en concepto de subsidio y bono.
Durante varias semanas, la Unidad Investigativa de EL HERALDO ha recabado contundente información documental y ha hecho una ardua labor de campo para desenmascarar lo que sucede al interior de la Dirección General de Transporte (DGT), que actualmente dirige Blas Ramos.
Los documentos oficiales en poder de la Unidad Investigativa evidencian que de los 1,639 buses que actualmente registra la Dirección de Transporte solo en la capital, a 1,131 se les otorgan diariamente 575 lempiras de subsidio y 500 lempiras como bono, esto a pesar de que una gran cantidad circula bajo la modalidad de ejecutivos, cobrando una tarifa de 11 lempiras, tal y como lo constató EL HERALDO.
De acuerdo con los datos de la DGT, únicamente 349 unidades no reciben subsidio, y de 159 buses no dan razón en la lista de los beneficiados o no beneficiados.
A pesar de que un ilegal enjambre de buses denominados ejecutivos asfixian la caótica capital, en la Dirección General de Transporte solo hay registrados legalmente 20 buses especiales y 27 rapiditos.
Aparte de ellos, 992 unidades aparecen como buses regulares -que son los conocidos como “grandes” o “lanchones”- y 568 están como transporte mixto. Estas dos modalidades tienen autorización para cobrar 3.00 lempiras de tarifa.
El sistema también muestra 16 buses identificados con la sigla RUC y 16 buses identificados con las letras RUT.
Actualmente, el 85 por ciento de los buses regulares y mixtos, autorizados para operar en la ciudad con una tarifa de 3.00 lempiras, migraron a un servicio ejecutivo, el cual arrastra todos los vicios del transporte regular. Pero como si fuera poco, estas mismas unidades ejecutivas cobran el subsidio que la DGT, aunque este se otorga únicamente cuando el servicio se presta a través de las unidades “grandes”. Esta situación hace que un fuerte sector del transporte baile al ritmo de una descarada “danza de millones”.
En reiteradas ocasiones, Ramos ha asegurado a EL HERALDO y a otros medios de comunicación que las unidades ejecutivas no reciben el subsidio, sin embargo, la documentación oficial y en poder de la Unidad Investigativa demuestra lo contrario
Bono y subsidio
Para evitar que el transporte popular aumentara la tarifa de tres lempiras (y hay que considerar que ahora cobra 3.50 lempiras), el gobierno les viene entregando, desde hace unos años, un subsidio de 575 lempiras y un bono de 500 lempiras diarios.
Sin embargo, en los registros que maneja la DGT, hasta febrero de 2012 consta que se entregan las compensaciones a unidades que circulan como ejecutivas, pero que en sus expedientes aparecen autorizadas para operar como regulares, buses mixtos, especiales y rapiditos, convirtiendo así la entrega de subsidios en un verdadero festín de irregularidades.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO, que tuvo acceso a los registros de la DGT -a pesar de que su director, con un grupo reducido de transportistas, busca ocultarlos-, identificó mediante una intensa labor de campo a más de 50 buses ejecutivos que reciben retribución del gobierno.
Doce de los 20 buses que aparecen en los registros de la DGT, autorizados para operar como especiales, reciben los dos beneficios.
Estas unidades, a nombre de Francisco Maldonado, portan los registros: E001, E005, E009, E010, E013, E017, E0018, E021, E025, EO26, E030 y E041.
Asimismo, 13 buses de los 28 que tiene autorizada la Empresa de Transportes Lanza para explotar el servicio urbano, y que operan bajo la modalidad de ejecutivos, también reciben la aportación compensatoria.
Estos buses beneficiados circulan con los registros 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 748 y 763, todos cubren la ruta UNAH-Kennedy y viceversa.
Según los registros oficiales de la DGT, también reciben la compensación gubernamental otras unidades que circulan como servicio ejecutivo, tales como el bus 438, placa AAL-8495, ruta Carrizal-Miraflores, propiedad de Natalia Hortensia Zavala.
El bus mixto con registro M-568, sin placa, que cubre la ruta Ulloa-Mercado, propiedad de Dora Linda Portillo Pineda.
La unidad 379, placa AAL-7603, ruta Tiloarque-Centro, afiliado a la cooperativa Cotracopl y propiedad de Blanca Aurora Cáceres.
El bus 703, placa AAL-7610, ruta Carrizal-La Sosa, afiliado a la cooperativa Cotracopl y propiedad de Feliciano Valladares Girón.
El bus con registro 101, con placa AAS 0355, ruta Río Grande-Lomas, registrado a nombre de Pedro Pablo Varela.
La unidad 610, placa AAL 7904, de la ruta Río Grande-Centro, propiedad de Juan Luis Guevara Mendoza.
En el caso del bus 648, placa AAL 7902, ruta Río Grande, Loarque, Lomas, este número está adjudicado a Carlos Barrientos Amador.
El bus 666, placa AAL 8983, de la ruta Popular, Centro Miraflores, que en los registros aparece afiliado a la Empresa de Transporte el Condor, y como propiedad de Francisco Maldonado.
Estos son algunos casos de una larga lista. Un hecho común en este nuevo tipo de servicio es que, aparte del número de registro, en todos los casos, las características de las unidades no coinciden con los datos registrados en la DGT.
Por ejemplo, el bus que hoy porta el número 1005 anda con la placa AAS-0151, pero en su expediente 20100203836 aparece como un bus de servicio regular, con placa AAA-4353, motor 354U186731, permiso de explotación 211011099TE5ZVÑ-A, certificado de operación 19920102, elaborado el 9 de junio de 2010, con vencimiento el 7 de febrero de 2012.
Abogados consultados afirmaron que la entrega de subsidios y bonos a los buses que cobran 11 lempiras es completamente ilegal y representa un atraco a la economía familiar y del Estado.
Despilfarro
Recientemente, el ministro de Soptravi, Miguel ángel Gámez, informó que unos 23 proyectos tendientes a mejorar las carreteras estaban parados por falta de dinero; sin embargo, en la DGT se estarían despilfarrando millones de lempiras, sin que ninguna autoridad contralora haga investigaciones de forma imparcial.
Solo entre 2010 y 2011, la Dirección General de Transporte ha repartido discrecionalmente más de 732 millones de lempiras en compensaciones solamente a los propietarios de buses, sin dar cuentas a nadie.
En junio de 2010, mediante decreto 39-2010, el Congreso Nacional aprobó 440 millones de lempiras para el pago de una aportación compensatoria a los transportistas que cobraban tres lempiras de tarifa.
Esta aportación excepcional comprendía “la gratuidad del transporte colectivo de buses de la capital para las personas adultas mayores y personas discapacitadas”.
En el artículo 2 se dejó claro que la compensación es únicamente para las unidades que prestan el servicio de transporte público de personas en las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa, previa comprobación de que todas las empresas tengan sus documentos actualizados en legal y debida forma y que deben ser auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas.
En el artículo 8 se establece que Soptravi debía “incorporar en su página web la información relacionada con la cantidad de unidades bajo el régimen del presente decreto y, de igual manera, de la ruta preestablecida o circuitos que cubren cada una de ellas, para que en caso de requerirlo la población pueda ser monitoreada”.
Este decreto únicamente se cumplió en lo compensatorio, no así en la gratuidad del servicio para las personas adultas mayores y para los discapacitados, en la actualización de los documentos de los buses, en la auditoría del TSC y tampoco en la transparencia en el manejo de los fondos.
Nuevamente, en marzo de 2012, mediante decreto 12-2012, el Legislativo aprobó otros 292.5 millones de lempiras para pago de bono a los mismos buseros. Estos recursos solo son para el pago de las retribuciones correspondientes al 2011, explicaron autoridades de la Secretaría de Finanzas.
En esta ocasión, el Legislativo aumentó el bono a 750 lempiras diarios, además recordó que todas las unidades subsidiadas deben ser rotuladas.
Aparte de estos fondos, la DGT nunca ha transparentado la utilización de los recursos que percibe por diferentes trámites que ahí se realizan.
De acuerdo con los mismos transportistas, en esta entidad hay constancias que tienen hasta un costo de cinco mil lempiras.
En un país donde los burócratas violentan las leyes sin ningún castigo y hacen alarde de sus padrinos políticos al más alto nivel del Ejecutivo y Legislativo, más la complacencia de las instituciones contraloras, difícilmente habrá transparencia en el manejo de los fondos públicos, lamentó una fuente que conoce la podredumbre en la DGT y los grandes beneficiados, tanto a nivel de los transportistas, como del gobierno.
