Salir o entrar al país por vía aérea ahora será más caro producto de una 'tasa de seguridad' aprobada por el Congreso Nacional, en secreto y en horas de la madrugada, durante las últimas sesiones de diciembre de 2011.
Este severo golpe a los bolsillos de los hondureños y que también será aplicable a los extranjeros, crea una nueva tasa de 34 dólares por servicios de seguridad biométrica.
Estos 34 dólares (17 dólares por entrada y 17 dólares por salida) serán cargados en el costo de los pasajes aéreos.
Sumado a esto, cada pasajero debe cancelar los 34.80 dólares (en el caso de los hondureños) y 37.80 dólares (en el caso de los extranjeros) en las ventanillas bancarias de los cuatro aeropuertos internacionales.
Esto significa que los hondureños ahora pagarán 68.80 dólares (1,316 lempiras) por entrar y salir del país. Los extranjeros pagarán en suma 71.80 dólares (1,374 lempiras) por visitar esta tierra.
El nuevo cobro consta en el acuerdo firmado entre la Secretaría del Interior y Población (Seip) y la compañía estadounidense Securiport para el control migratorio de los viajeros.
Mientras la mayoría del pueblo dormía, en la madrugada del 14 de diciembre de 2011, los diputados del CN aprobaron el contrato suscrito entre Seip y Securiport. Ningún funcionario ni ningún diputado informó a la población sobre los alcances de este cobro letal para los bolsillos de los pasajeros y para el turismo.
+ Negoción de 270 millones de dólares fue lo que aprobó el Congreso Nacional
El convenio establece que Securiport cobrará 17 dólares por cada vez que un viajero internacional salga y otros 17 dólares por entrar al territorio nacional. El contrato dice literalmente que la Secretaría del Interior acepta que 'Securiport reciba el pago de honorarios de US$17 por cada pasajero que entre y cada pasajero que salga de la República de Honduras a través de los aeropuertos internacionales'.
Este valor será como pago del servicio del registro biométrico que Securiport realizará en 22 puntos migratorios, incluyendo los cuatro aeropuertos internacionales. Los cobros, según los funcionarios del gobierno que obligados han tenido que salir al paso de las críticas, solo se harán en los aeropuertos.
Hombres y mujeres de negocio, turistas, estudiantes y cooperantes, entre otros, serán afectados por igual con este golpe al bolsillo que nadie tuvo la oportunidad de reaccionar por la forma oscura en que los legisladores lo aprobaron.
Igual culpa de mantener oculto este 'trancazo' tiene el gobierno Lobo, quien el 24 de marzo de 2011 aprobó el acuerdo ejecutivo 29-2011 que autorizó a la Secretaría del Interior para que firmara, sin licitación, un contrato para adquirir los servicios de una empresa que vigilara, con mecanismos avanzados, el ingreso y salida de nacionales y extranjeros del país.
El ministro del Interior procedió a firmar el contrato con la empresa Securiport por 10 años el 9 de mayo de 2011, lo que demuestra que las negociaciones estaban avanzadas.
Pese a ser aprobado a mitad de año, el Congreso Nacional maliciosamente esperó hasta el mes de diciembre, las últimas sesiones y en horas de la madrugada, para aprobar el decreto 252-2011. El objetivo de esta contratación, según el convenio, es que mediante la nueva tasa de seguridad que se crea, se mejore la vigilancia en las aduanas para evitar la infiltración del crimen organizado. Pese a ser un mecanismo para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, el gobierno decidió aplicar el cobro a los hondureños y a los turistas, en lugar de tomar fondos incautados a los grupos delictivos.
El contrato se hizo de forma directa, expone el gobierno, porque Securiport es la compañía que tiene la patente de sistema de registro biométrico que se instalará. No obstante, el gobierno ya había aprobado en 2011 la Ley de Seguridad Poblacional mediante la cual se prevé recaudar más de 5,000 millones de lempiras para financiar las acciones en contra de la delincuencia. Este importe, conocido también como tasa o 'paquetazo' de seguridad, grava las transacciones bancarias de los hondureños.
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Gobierno impone tasa de 17 dólares al entrar o salir de Honduras
Dineral
Al considerar que unos 800 mil pasajeros usan los aeropuertos internacionales para su tránsito hacia y desde Honduras, Securiport se embolsará unos 27 millones de dólares al año, equivalentes a 513 millones de lempiras. Al multiplicar ese ingreso por los diez años de vigencia del contrato, la suma total que percibirá la compañía extranjera será de 270 millones de dólares, es decir, 5,130 millones de lempiras.
Securiport hará una inversión inicial de 31 millones de dólares para instalar su equipo.
Para comenzar el proceso, ya depositó 17 millones de dólares en concepto de garantía.
Este contrato entrará en vigencia 120 días después de que sea publicado en el diario oficial La Gaceta. De momento, ninguna autoridad ha querido revelar si este polémico y oscuro contrato ha sido publicado en el diario oficial. Las líneas aéreas deberán de hacer el cobro de la nueva tasa y abrir una cuenta especial para depositarla a favor de Securiport. Mensualmente las aerolíneas tendrán que depositar lo que se capte y en caso de que estas empresas se retrasen la Secretaría del Interior se hará responsable de pagar ese dinero 48 horas después de que venza el plazo para hacer la transferencia.
Registro
La empresa contratista desarrollará la tecnología para registrar la huella dactilar de los viajeros en los 22 puntos aduanales, consistente en el empleo de un escáner ultrasónico.
El sistema utiliza el poder de las ondas sonoras para penetrar las distintas barreras de la piel y grabarlas, diferente al sistema de escáner óptico que utiliza la luz, según el contrato.
Asimismo, como parte del trabajo de vigilancia, Securiport instalará en los aeropuertos y aduanas terrestres cámaras de video con un soporte informático. Toda la información de los viajeros que se logre recaudar servirá para alimentar una base de datos que estará a disposición del Estado hondureño para investigar si estos tienen algunos antecedentes penales en el país o en el extranjero.
Pompeyo no sabe nada
Aunque es un tema de 'seguridad nacional', el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, declaró que la negociación para contratar a Securiport se inició en la administración de su antecesor, Óscar Álvarez y que por ello desconoce los alcances del acuerdo.
'No estoy tan empapado en ese tema, pero fuela secretaría anterior la que hizo los avances con la empresa estadounidense, eso es lo que tengo entendido', sostuvo. 'Se tienen que tomar acciones de verificación en todos los aeropuertos del país, hemos estado hablando con la cooperación internacional, con los asesores, pero en el tema específico desconozco cómo se dio la negociación', remarcó Bonilla.
