Tegucigalpa, Honduras.- La oposición política de Honduras denunció este martes un plan orquestado por el oficialismo para impedir que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma la presidencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con las voces opositoras, desde la Fiscalía se pretende impulsar un requerimiento fiscal contra el alto funcionario del Estado y convocar a un pleno de magistrados de la CSJ este miércoles, con el objetivo de nombrar a un nuevo coordinador del tribunal constitucional.
Las advertencias se producen apenas horas después de que la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, oficializara el nombramiento de Padilla mediante el Oficio PCSJ-No. 67-2025.
La designación se basa en la reforma al artículo 16 del Reglamento Interior, aprobada el 17 de febrero de 2023, que eliminó el tradicional criterio de precedencia para asignar las coordinaciones de las salas del máximo tribunal.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó su preocupación ante lo que considera un intento del partido Libre por generar una nueva crisis en el Poder Judicial.
Según Zambrano, el oficialismo busca desestabilizar la Corte porque sabe que no tiene posibilidades reales de ganar las próximas elecciones.
“Libre, después de ver los resultados de las elecciones primarias, sabe que no tiene opción alguna de ganar y ahora nos quiere llevar a una crisis sin precedentes en el Poder Judicial”, declaró.
Zambrano explicó que la intención de frenar el nombramiento del magistrado Luis Fernando Padilla como presidente de la Sala de lo Constitucional es parte de una estrategia más amplia para paralizar el trabajo de la Corte y justificar un rompimiento del orden constitucional.
“Esa crisis se va a trasladar nuevamente a la Sala de lo Constitucional para volver inoperante la Corte Suprema, detener el trabajo judicial y luego usarlo como excusa para convocar a una Asamblea Constituyente”, advirtió.
El congresista recordó que el nombramiento de Padilla fue producto de un acuerdo unánime entre los 15 magistrados, que establecía claramente las fechas de rotación.
“La Sala debía cambiar su presidencia en abril. El acuerdo fue que Wagner Vallecillo estaría del 22 de abril de 2024 al 22 de abril de 2025, y luego Padilla asumiría hasta abril de 2026. Eso fue aprobado por todos los magistrados. No se puede romper ese consenso por intereses políticos”, afirmó.
“¡Respeten al pueblo! Alterar el orden constitucional por el capricho de una familia y usar la Fiscalía como arma para amenazar y manchar el honor de las personas, para ceder la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional, es un abuso inaceptable”, denunció la diputada nacionalista María Antonieta Mejía.
Aseguró además que la presidenta de la CSJ intenta “dar un golpe bajo” al tratar de imponer, por la fuerza, una nueva rotación.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, acusó a la presidenta de la CSJ de vulnerar la seguridad jurídica del país. “Rebeca Ráquel, en claro abuso de poder, vulnera la Constitución al no permitir que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma la presidencia de la Sala Constitucional. El gobierno de Xiomara Castro amenaza con un requerimiento fiscal”, aseveró.
La diputada liberal, Maribel Espinoza, fustigó: “¿Ahora qué está pasando? Se escucha en los pasillos de la casa de la justicia, movimientos extraños en la Sala. ¿Cambios a decisiones administrativas que ya fueron adoptadas?
¿Con qué justificación legal? ¿Acaso no se dan cuenta de que cuando una CSJ es incapaz de ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos, está destruyendo el Estado de Derecho? ¿Qué es lo que realmente se pretende, entonces? ¿Por qué la resistencia a las rotaciones en la coordinación de esa sala en particular?”
