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Tegucigalpa, Honduras.- Para los líderes de la oposición, el actuar de las autoridades del gobierno es contraria a lo que tanto exigían y pregonaban desde las calles.
Ahora que rigen la nación su comportamiento es otro, ya que desde la Policía Nacional se publicó un comunicado donde se intimida y criminaliza a las personas que realicen protestas en las calles.
"El gobierno de Libre ejecuta acciones totalmente contrarias ahora que están en el poder, distinto a lo que exigían y peleaban cuando eran oposición. Con esa decisión del poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad están criminalizando la protesta que están garantizadas en la Constitución de la República", expresó Tomás Zambrano, diputado del Partido Nacional.
Enfatizó que con este accionar de la Policía Nacional, solo están criminalizando las manifestaciones pacíficas del pueblo hondureño que salen a las calles a exigir y reclama un derecho.
"Están enviando un mensaje a la oposición política que ya empezó a salir a la calle de manera masiva y pacíficamente a que se respete la democracia en el país, para garantizar que vamos a ir a elecciones. Libre a lo que le está apostando es a atemorizar a los sectores para que no ejerzan el derecho de las manifestaciones, Libre tiene una agenda ideológica radicar impuesta del extranjero", agregó Zambrano.
Para el líder del Partido Nacional, con esta medida lo que busca el partido de gobierno es quedarse en el poder.
Reflexión
Al respecto la excandidata presidencial por el partido Liberal, Maribel Espinoza ha encendido nuevamente el debate sobre el rumbo que está tomando el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), denunciando una preocupante mutación del partido hacia prácticas autoritarias que ponen en riesgo la democracia en Honduras.
Entre las múltiples señales de alarma, destaca la emisión de un comunicado por parte de la Policía Nacional que, según diversos sectores, criminaliza abiertamente el derecho a la protesta pacífica.
Espinoza explicó que, desde su llegada al poder, Libre ha implementado medidas que restringen derechos fundamentales, lo que ha generado inquietud en distintos sectores de la sociedad.
Entre estas medidas se encuentra la continuidad del estado de excepción, el cual, según expertos en derechos humanos, no se justifica en el contexto actual y solo ha servido para debilitar las garantías individuales de la población.
Uno de los puntos más críticos señalados por Espinoza es la creciente represión a la libertad de expresión. En los últimos meses, periodistas, activistas y ciudadanos han denunciado hostigamiento por parte de las autoridades.
La abogada recordó la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional que limita el derecho a la protesta pacífica, ha sido otro factor que refuerza las denuncias de autoritarismo.
Este decreto, sumado a las declaraciones de la Policía Nacional en su comunicado, ha sido interpretado como un intento de frenar cualquier manifestación que contradiga los intereses del gobierno.
Para Espinoza, otro aspecto preocupante es la vulneración a la privacidad de las comunicaciones y datos personales de los ciudadanos, evidenciada en decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Finalizó que el irrespeto a la Constitución y las leyes también ha sido señalado como un patrón en la actual administración.
La concentración de poder, la falta de independencia de poderes y la constante comparación con gobiernos autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua han llevado a analistas y políticos a advertir sobre el peligroso camino que podría estar siguiendo el país.
Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Carlos Umaña se mostró muy sorprendido por la determinación de este gobierno.
"Ver para creer en el gobierno de la protesta callejera. Alguien por ahí dijo los derechos se pelean en las calles", expresó el congresista, en respuesta al comunicado de la Policía Nacional.
