Tegucigalpa, Honduras.- El mismo partido que durante años hizo de las calles su trinchera de lucha hoy las reprime con amenazas.
La Policía Nacional, con el respaldo del gobierno de Libre, emitió un comunicado que no deja espacio a dudas: la protesta social será tratada como un delito.
Con un discurso que habla de "orden" y "legalidad", se está atacando derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.
Expertos en seguridad, abogados y defensores de derechos humanos han sido claros: este comunicado es una amenaza abierta a la población y un peligroso precedente de represión estatal.
¿Es este el camino que tomará Honduras? Un país donde la disidencia será sofocada con la fuerza y el miedo. Un gobierno que nació de las calles hoy quiere silenciarlas.
A criterio de Dina Meza, defensora de Derechos Humanos, estas acciones son para crear el temor en las personas que se manifiestan, es violatoria a los derechos humanos, están aplicando las prácticas que criticaron en el pasado cuando los que hoy gobiernan antes estaban en las calles y se avizora un ambiente de violencia.
"Nos están creando todo un escenario de miedo, para que la gente no salga a protestar y tenga miedo de que sea investigada. Esto solo en los gobiernos dictatoriales se da, en los gobiernos autoritarios donde las personas las quieren mantener sometidas y que no defiendan sus derechos", detalló Meza.
Además, es considerado como un mal presagio, ya que desde el Ejecutivo se ha ordenado a evitar la represión a los manifestantes, pero la realidad es otra.
"En realidad es una estrategia de terror que tienen programada, la que tiene que ver con violentar derechos fundamentales, que es el derecho a la protesta que está en la Constitución de la República y el espacio cívico de las organizaciones y de los defensores de los derechos humanos", agregó Meza.
Esto hace ver que el "brazo armado" del gobierno se vea como activistas políticos al seguir un guion.
"Las violaciones a derechos humanos no prescriben, ellos van a tener consecuencias cuando tengamos en realidad justicia en este país, esto implica de que no se deben escudar en comunicados para el uso de la fuerza", enfatizó.
A la defensora de derechos humanos, esta situación le recuerda el golpe de Estado y la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos.
Marco Bhaday, coordinador de proyectos de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), recordó a las autoridades policiales que la protesta pacífica es un derecho constitucional.
"El diálogo debe ser la primera vía para resolver conflictos, sin recurrir a medidas que criminalicen la protesta social o limiten la voz del pueblo, pero durante más de tres años el Gobierno ha rechazado la propuesta ciudadana para un diálogo que permita que los múltiples problemas que aquejan al pueblo se resuelvan", enfatizó Bhaday.
Agregó que garantizar la seguridad no debe ser sinónimo de represión.
"Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger tanto la estabilidad del país como los derechos ciudadanos, actuando con equilibrio y respetando la Constitución. La Policía Nacional no debe unirse al gran número de instituciones instrumentalizadas" puntualizó.
Para Carlos Sierra, gerente de Proyectos de Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la Policía Nacional no debe utilizar un lenguaje amenazante.
"No es sano utilizar un lenguaje amenazante ante el anuncio de manifestaciones pacíficas. El deber de la Policía Nacional es la gestión y acompañamiento de las manifestaciones y garantizar la seguridad de todos", agregó Sierra.
Intimidación
Como una postura contradictoria del Gobierno, catalogó el comunicado de la Policía Nacional que criminaliza la protesta, el analista político Lester Ramírez.
"Esto genera un sentimiento de malestar, considero que la gente de la oposición que va a protestar no va con una intención de desestabilizar o crear anarquía. Es un derecho participar en las protestas siempre en el marco legal", dijo Ramírez.
Ahora nace el riesgo de que en las protestas u otro tipo de manifestaciones se pueda infiltrar gente para crear violencia, lo que debe ser tomado en cuanta por la población y la misma autoridad.
"Es una manera de intimidar, mientras las personas no cometan actos contrarios a la ley no deberían de preocuparse, estas las protestas lo que sí debe haber es acompañamiento de defensores de derechos humanos, para garantizar los derechos de las personas y evitar abusos del Estado", enfatizó Ramírez.
Otro punto delicado es que se está bajo un estado de excepción, por lo que se puede utilizar fácilmente este argumento para obstaculizar la protesta.
El abogado penalista y experto en seguridad, Wilfredo Rubio, consideró que el comunicado no se debió publicar, ya que está sobreentendido que si una persona comete un delito debe ser detenida.
"Todos tenemos el derecho constitucional a protestar, ahora lo que harán los protestantes es cubrirse el rostro, lo que la Policía debería de estar haciendo es prevención y no prohibir las protestas", dijo Rubio.
Postura
Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad, dijo que no es verdad que la Policía Nacional va atrás de los manifestantes.
"La Policía Nacional va a investigar, documentarse y hacer un informe investigativo al Ministerio Público sobre las identidades de los manifestantes que violen la ley", expresó Madrid.
Agregó que en Honduras se está acostumbrando a que se afecte la economía del país por una manifestación, que bien se puede hacer en las orillas de las calles.
"Tenemos que hacer énfasis en la diferencia entre manifestarse y hacer uso de la libre expresión de una forma no violenta y también manifestarse y tener una agenda oculta para tratar de hacer presión al gobierno", agregó el funcionario.
Madrid, explicó que así como se perfila y se documenta a las personas que son miembros de una estructura criminal que extorsionan, cometen asesinatos múltiples, personas que trafican drogas, de esta misma forma se hará con las personas que se toman las vías públicas y violar el derecho de locomoción de las personas.
"Creemos que es necesario para que un grupo de personas reclame su derecho, debe respetar los derechos de los demás, la Policía solo cumple la ley", agregó.
Manifestación
Los pobladores y alcaldes de los municipios de La Libertad, Ojo de Agua, San Jerónimo y Las Lajas del departamento de Comayagua, fueron los primeros en poner a prueba el comunicado de la Policía Nacional que criminaliza la protesta.
Desde tempranas horas de este lunes 31 de marzo, cientos de ciudadanos se tomaron la carretera CA-5, en las cercanías del aeropuerto internacional de Palmerola, exigiendo la reconstrucción de unos 100 kilómetros de carretera que conectan a los municipios.
Ahora se queda a la espera si las autoridades policiales harán informes y serán remitidos al Ministerio Público para judicializar a personas que piden la pavimentación de una zona altamente productiva de café que deja unos 2,000 millones de lempiras en divisas.
