Como el Estado se ve imposibilitado para dar seguridad a las personas, entonces ha delegado esta función a los particulares, dijo ayer Patricia Arias, coordinadora del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso de mercenarios.
Esta es la segunda misión sobre este aspecto que las Naciones Unidas envía a Honduras en los últimos años. La primera llegó en el 2006 con el objetivo de verificar informaciones sobre el entrenamiento de extranjeros para ser enviados a Irak como mercenarios.
En relación con la primera visita, Arias sostuvo que se han registrado avances importantes como la adhesión de Honduras, en el 2007, a la convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esta segunda misión tenía como fin hacer un seguimiento de los compromisos, además de verificar el rol que están teniendo las compañías de seguridad privadas.
De acuerdo a Arias, estas empresas han experimentado un fuerte crecimiento, son más de 700 las compañías regulares registradas, a eso hay que agregar un fuerte crecimiento de las compañías ilegales, pero también muchas que nacieron como legales han pasado a ser irregulares, explicó.
Lamentó que la unidad de control y regulación de las empresas de seguridad de la Secretaría de Seguridad resulte insuficiente y débil para ejercer su trabajo.
La presencia de estas empresas de seguridad, por ejemplo en el Bajo Aguán, está impactando en la opinión pública nacional e internacional al verse involucradas en violaciones a los derechos humanos. Las informaciones señalan que estas compañías estarían actuando en conjunto con la Policía y el ejército, sostuvo.
Según ella, como el Estado se ve imposibilitado de entregar seguridad a las personas, la ha delegado a los particulares, que asumen esa posibilidad de usar legítimamente la fuerza con armas de fuego, pero con fines de lucro.
Ante tal situación, se tiene que trabajar para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones como la Policía y el sistema judicial. El Estado debe comenzar a “recuperar esos espacios del uso de la fuerza pública como una obligación y responsabilidad elemental del estado democrático de derecho”.
Arias abogó por un desarme general aduciendo “que la tenencia y porte de armas promueve la cultura de la violencia; la cultura de la paz es imposible en un territorio donde se permite un máximo de cinco armas por persona. Nuestra recomendación es que haya una decisión respecto a modificar este límite máximo, ojalá pudiera haber una veda de venta de armas.
Ella sugirió que en la lucha contra el mercenarismo el Estado incluya en el Código Penal la figura del mercenario y la actividad mercenarismo, como un complemento de la convención suscrita por Honduras.
