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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) constató abusos en la emisión de decretos de emergencia para legalizar contrataciones directas.
Esta práctica es un mal que se viene dando en los diferentes gobiernos, incluido el actual que preside Porfirio Lobo Sosa. 'No toda emergencia conlleva la contratación directa, solamente procede cuando afecte sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos', expresó Daysi de Anchecta, presidenta del TSC.
En diversas auditorías el ente contralor constató que los decretos de emergencia, emitidos por gobiernos en Consejo de Ministros, carecen de justificación.
'En los decretos donde se declara situación de emergencia no hemos encontrado que se acredite la existencia de la misma con estudios técnicos, precisos y objetivos', afirmó la magistrada.
'Por el contrario, tenemos la certeza de que se ha vuelto una práctica generalizada considerar emergencia cualquier situación que eventualmente puede afectar un servicio público, aunque la misma no sea una circunstancia excepcional que afecte sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los referidos servicios', agregó. El TSC anunció que solicitarán a Casa Presidencial los decretos de emergencia para profundizar una investigación.
Es una excepción
Anchecta hizo un llamado a los funcionarios y alcaldes a cumplir su obligación de no postergar la toma de decisiones en la administración pública. En caso contrario, indicó, la postergación de decisiones lleva casi siempre a contrataciones directas.
'La contratación directa es un mecanismo de excepción que solo procede para atender necesidades provenientes de la emergencia y dentro de los supuestos expresamente previstos en la ley y su reglamento', explicó.
Una emergencia en la administración pública procede, con una amplia discrecionalidad.
Sin embargo, Anchecta puntualiza que se debe enmarcar en las regulaciones definidas por la Ley de Contratación del Estado.
Esta ley limita las emergencias a desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción u otras circunstancias excepcionales que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos.
'Los corruptos son todos aquellos que complican los procesos para concentrar poderes de decisión que muchas veces significan el retardo de un trámite, es el inicio de la corrupción', lamentó.
Asimismo, la magistrada presidenta cuestiono a quienes venden su prestigio y dignidad al volverse 'tramitadores de la corrupción'.
