Tegucigalpa, Honduras.- Aunque dejó de ejercer funciones desde febrero de 2024, Natalie Roque sigue recibiendo su salario como titular de la Secretaría de Derechos Humanos. En ese período dos viceministros han ocupado el cargo.
Así lo revela una revisión exhaustiva realizada por EL HERALDO en el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), donde consta que Roque permanece activa en la planilla de pago del personal en modalidad de contrato como ministra de Estado.
Roque fue nombrada oficialmente el 27 de enero de 2022, bajo el acuerdo ACU-35-2022, y se retiró temporalmente el 20 de febrero de 2024, alegando problemas de salud tras ser diagnosticada con diabetes.
Desde entonces, no ha retomado sus funciones ni ha sido oficialmente destituida del cargo por parte de la Presidencia de la República, pero su acuerdo continúa en el sistema de pagos del Estado, recibiendo un salario completo como ministra.
Según los registros revisados por este medio, Natalie Roque ha recibido durante estos 16 meses (febrero de 2024 a mayo de 2025) más de 1.1 millones de lempiras en pagos netos.
Sumando las deducciones y beneficios laborales, el monto bruto acumulado asciende a L 1,745,300, incluyendo el pago del catorceavo mes en junio de 2024 y el aguinaldo en diciembre del mismo año.
Durante todo este tiempo, la Secretaría no estuvo acéfala. Desde febrero de 2024 hasta mayo de 2025, Angélica Álvarez, quien fungía como subsecretaria, asumió el cargo de ministra por ley.
Posteriormente, el 27 de mayo de 2025, Álvarez presentó su renuncia irrevocable para integrarse como designada presidencial en la fórmula de Rixi Moncada. Tras su salida, Héctor Longino Becerra, también subsecretario, fue quien quedó a cargo de la gestión ministerial.
Es decir, aunque Natalie Roque sigue en planilla como ministra titular, el despacho ha estado operado en la práctica por otros funcionarios, uno en sustitución de la otra.
El primer lugar, Álvarez ejerció el rol completo por más de un año, y luego Becerra asumió las riendas de la institución. Sin embargo, no se ha hecho público, al menos por los canales oficiales, una destitución formal o revocatoria del acuerdo de nombramiento de Roque.
En cada una de las planillas de Finanzas revisadas por EL HERALDO aparece con el cargo de “Ministra de Estado en el Despacho de Derechos Humanos”.
Su salario mensual fue de 93,400 lempiras hasta mayo de 2024 y desde junio del mismo año aumentó a 94,700 lempiras. Sueldo que siguió percibiendo hasta al menos mayo de 2025, sin interrupción. Este es el último mes actualizado en el sistema de transparencia.
Estos pagos incluyen beneficios laborales completos como si hubiese estado activa: en junio de 2024 se le pagó el catorceavo mes por un monto de 94,700 lempiras, y en diciembre de ese mismo año recibió el aguinaldo por el mismo valor.
También aparecen pagos mensuales netos que oscilan entre L 60,500 y L 85,800, dependiendo de las retenciones y deducciones del mes correspondiente.
Legalidad
Este caso ha levantado cuestionamientos legales y éticos. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley de la Administración Pública, un ministro que se ausenta por más de tres meses sin ejercer funciones debe ser sustituido o removido.
En este caso, no solo se superó ese límite, sino que ya han transcurrido más de 480 días desde su salida, sin que se haya ejecutado ningún cambio oficial.
Además, al existir otra persona ejerciendo el cargo por ley, y cumpliendo con las responsabilidades operativas, se ha configurado una duplicidad de funciones en la práctica.
Mientras tanto, Roque no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre si planea reincorporarse al cargo o si ha puesto su renuncia oficial a disposición.
Desde su salida en 2024, solo se informó que se retiraba “temporalmente” por razones médicas. Sin embargo, 16 meses después, su condición en el sistema financiero del Estado sigue siendo la de “Ministra de Estado activa”.
El caso deja al descubierto vacíos administrativos en la gestión de nombramientos de alto nivel, así como la falta de controles que impidan que una persona ausente del cargo continúe percibiendo su salario sin rendir funciones.
