El Ministerio Público (MP) inició de oficio una investigación para constatar la persecución, intimidación y amenazas contra la vida de reporteros de EL HERALDO en el hospital Escuela.
EL HERALDO denunció el jueves cómo sujetos armados dijeron haber recibido órdenes superiores para seguir al personal de este medio de comunicación, en una clara violación a la libertad de prensa y de expresión en el país.
Prueba de las amenazas, EL HERALDO publicó una fotografía en la que la reportera realiza sus entrevistas, con la presencia, a un metro de distancia, de un sujeto armado y con actitud hostil.
Ante la velada amenaza, tanto de parte de guardias como de un sujeto vestido de civil que ocultaba un carné, pero que dijo ser guardaespaldas de una funcionaria recientemente enchambada en el hospital Escuela, pese a no reunir los requisitos para el cargo, EL HERALDO denunció ayer que responsabiliza al personal de seguridad y a las autoridades del Hospital Escuela Universitario por cualquier atentado contra la vida e integridad de los reporteros de este medio de comunicación.
Además, se dejó constancia que se harán las denuncias correspondientes a nivel nacional e internacional por este atentado contra la libertad de expresión.
Los guardias, además de intimidar al personal de EL HERALDO, impidieron tomar fotografías y realizar entrevistas.
La Fiscalía de Derechos Humanos ayer reaccionó con preocupación por la actitud amenazante en el Hospital Escuela Universitario.
“Me parece irregular, arbitrario, que se estén ejerciendo este tipo de acciones en contra de periodistas que andan haciendo su trabajo”, manifestó el fiscal especial de Derechos Humanos, John Cesar Mejía.
“Hay que investigar si este tipo de comportamiento de estas personas que son guardias de seguridad privada obedece a algunas instrucciones giradas por algún funcionario del Estado”, señaló.
Para sustentar un expediente solicitó a periodistas que sientan que han sido objeto de intimidaciones y atropellos por parte del personal de Salud a que se acerquen a la Fiscalía de Derechos Humanos a interponer las denuncias.
“Hay que investigar si estas instrucciones vienen de algún funcionario que está adscrito a la Secretaría de Salud y si es así la Fiscalía debe investigar, está obligada a investigar”, remarcó.
“Podemos investigar, al final podremos dar un criterio sobre qué tipo de delitos son los que debemos imputarle a las personas que limitan ese tipo de derechos”, advirtió el fiscal especial.
A su criterio este tipo de intimidaciones se configura en una clara violación a derechos humanos en perjuicio de comunicadores. “Eso es limitar de algún modo la libertad que se tiene de ejercer el periodismo, la libertad de expresión”, expresó.
