Al menos 435 privados de libertad perdieron la vida en circunstancias violentas en Honduras en los últimos 30 meses del gobierno de Pepe Lobo, reveló este sábado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El informe del organismo estatal establece que entre el 2011 y el 2012, se registró la muerte de 419 reclusos de los cuales, 360 murieron quemados en la granja penal de Comayagua.
En los últimos años, al menos cuatro cárceles del país han sido escenario de matanzas y tragedias.
Solo en 2011, murieron en forma violenta alrededor de 30 privados de libertad, de los cuales 19 fallecieron en el centro penal de San Pedro Sula y ocho en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
Al menos 18 internos perdieron la vida, víctimas de las armas de fuego, seis con arma blanca, tres por ahorcamiento, uno por asfixia por estrangulamiento, uno por sobredosis de medicamento y uno que se desconocía las causas de su muerte.
Durante ese año, algunos de los privados de libertad murieron decapitados, con el machete incrustado en su cuerpo, con señales de tortura, otros murieron cuando intentaban fugarse y en enfrentamiento entre compañeros.
De los privados de libertad que perdieron la vida, algunos tenían sentencia por los delitos de robo, violencia intrafamiliar, asesinato, portación ilegal de armas, robo de vehículos, secuestro, tentativa de secuestro, parricidio, tráfico de drogas, homicidio y asociación ilícita.
La matanza más numerosa se registró el 14 de octubre en el centro penal de San Pedro Sula en un enfrentamiento entre privados de libertad que dejó como saldo nueve muertos y tres heridos.
En 2012, los centros de privados de libertad fueron el escenario de diferentes hechos que dejaron como saldo: alrededor de 389 muertos (cuatro de ellos fuera de los centros penales), al menos 50 heridos.
Durante este período se registraron incendios, motines, fugas, intentos de fuga, atentados contra autoridades penitenciarias, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores, celulares.
Otros hechos violentos
El 5 de abril del 2003, se suscitó una “matanza” en la Granja Penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, que dejó como saldo 69 personas muertas.
El 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula, donde perdieron la vida 107 privados de libertad y resultaron lesionados al menos 25 reclusos, hecho violentó por el cual, en el 2012, Honduras fue condena por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El 27 de abril de 2012, la CIDH declaró al Estado de Honduras responsable por la muerte de 107 internos privados de libertad, con motivo del incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, donde permanecían en su totalidad miembros de maras.
Insuficiente acción estatal
El titular del Conadeh, Ramón Custodio, condenó el hecho violento ocurrido en las últimas horas en el interior de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, que dejo como resultado al menos tres personas muertas y ocho heridas
Lamentó que en los últimos años algunas cárceles de Honduras han sido escenario de incendios, motines, fugas, intentos de fuga y enfrentamiento entre privados de libertad.
El ombudsman hondureño cuestionó la corrupción del sistema, principalmente 'cuando los encargados de vigilar a los privados de libertad permiten la entrada de armas de fuego, drogas, licor y se vuelve la cárcel en un régimen de corrupción institucionalizada'.
Honduras cuenta con 24 centros penales con capacidad para albergar cerca de 8,300 personas; sin embargo, la población penitenciaria supera los 12,600 privados de libertad.
Y es que existen 16 cárceles con una sobrepoblación que en conjunto supera los 5,400 internos.
Según el Comisionado, estas prisiones son las ubicadas en: Comayagua, Santa Bárbara, La Esperanza, La Paz, Santa Rosa de Copán, Gracias, Nacaome, El Progreso, Distrito Central, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Danlí, La Ceiba, El Porvenir, Tela y Trujillo.
Custodio es del criterio que la mayor parte de las cárceles hondureñas carecen de espacio físico y las condiciones higiénicas son infrahumanas.
Señaló que en Honduras no hay ningún sistema de rehabilitación para que los privados de libertad se puedan reinsertar en la sociedad y que más bien, muchos salen perfeccionados en su conducta antisocial, delincuencial.
Cuestionó que el Estado invierte poco en resolver el problema del privado de libertad, pese a que éste sigue siendo persona humana objeto y sujeto de derechos humanos.
