Tegucigalpa, Honduras.-El informe de la Comisión Especial de Juicio Político concluye que altos funcionarios electorales incurrieron en conductas que derivaron en fallas graves en el funcionamiento del sistema electoral y plantea una reconfiguración institucional que incluye destituciones, relevo de cargos y reformas estructurales.
La comisión recomienda aprobar en todos sus extremos la denuncia presentada el 9 de abril de 2026 contra Marlon David Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía, magistrada suplente del TJE; y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del mismo órgano.
El informe sostiene que los cuatro funcionarios incurrieron en responsabilidad política por actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus cargos, conforme a la Ley Especial de Juicio Político.
Con base en esa conclusión, la comisión recomienda su destitución permanente, trasladando al pleno del Congreso Nacional la decisión final sobre la permanencia de los funcionarios en sus cargos.
Pero el documento va más allá de las sanciones individuales.
La comisión advierte que los hechos analizados evidencian un riesgo real de parálisis institucional en los órganos electorales, derivado de vacíos y debilidades en su diseño y funcionamiento.
En ese contexto, plantea que el Congreso debe actuar en dos frentes: por un lado, proceder de inmediato a la designación de sustitutos para evitar la interrupción del funcionamiento del CNE y el TJE; y por otro, impulsar reformas profundas a las atribuciones de los altos funcionarios de estos organismos.
El informe deja implícito que la crisis no se limita a conductas individuales, sino que expone un problema estructural: la posibilidad de bloquear decisiones clave dentro del sistema electoral, con impacto directo en el desarrollo de los procesos democráticos.
Las reformas propuestas buscan precisamente cerrar esos márgenes de bloqueo y evitar que se repitan escenarios de obstrucción institucional que pongan en riesgo la organización de elecciones, en línea con los principios de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La comisión señala que sus conclusiones se basan en el análisis de la denuncia, la declaración del magistrado Mario Morazán Aguilera y la prueba testifical de ocho testigos que comparecieron ante el proceso.
El informe fue remitido al pleno del Congreso Nacional, que enfrentará una decisión de fondo: no solo resolver sobre la responsabilidad política de los funcionarios, sino definir si introduce cambios al funcionamiento del sistema electoral.
