Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía defendió su postura a favor de un eventual juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, aunque aclaró que la decisión no depende de ella ni del Ejecutivo, sino del pleno del Congreso Nacional.
“Me encantaría que en Honduras los cálculos políticos desaparecieran y dejáramos un precedente para fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho, y eso parte de dejar precedentes de todas aquellas actuaciones al margen de la ley y de utilizar las plataformas para persecución política y abuso del poder”, manifestó.
Mejía insistió en que no se deben pasar por alto las actuaciones del fiscal general, por lo que consideró que corresponde aplicar un juicio político, al que calificó como “más un golpe moral” por supuesta negligencia e incapacidad.
La funcionaria enumeró que Zelaya habría violentado el Estado de derecho y la presunción de inocencia, además de actuar -según afirmó- al margen de la normativa y su propio reglamento interno.
También señaló que el fiscal general habría retirado atribuciones al director de fiscales y tomado decisiones unilaterales dentro del Ministerio Público.
Además, Mejía aseguró que la aplicación del juicio político sería para sentar un precedente: "no es un tema de venganza, es un tema de justicia, todos fuimos testigos de la utilización e instrumentalización de la justicia de parte de Johel Zelaya, que arremetió ante el Consejo Nacional (CNE) y estuvo a punto de socavar la democracia en nuestro país".
Esto debe de sentar un castigo para las futuras generaciones que ostenten estos cargos, afirmó Mejía.
Asimismo, reiteró que no le compete al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, por lo que los instó: "Si tienen los votos, aplíquenle el juicio político para dejar un precedente; no hay que andar con cálculos políticos".
Congreso Nacional obligado a juicios políticos
Para la exdipuatada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, el Congreso Nacional está obligado a impulsar juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios señalados en la crisis electoral de 2025.
“Es obligado para este congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad”, expresó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a exigir el cumplimiento del marco constitucional.
Para Espinoza, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ocho, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, también deben ser enjuiciados.
Mientras que expresó que debe haber enjuiciamiento contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la exmandataria hondureña Xiomara Castro.
Además, señaló que el país estuvo “a punto de un golpe de Estado provocado desde el mismo gobierno” y agregó que deben deducirse responsabilidades a otros actores, incluyendo a un jefe militar, refiriéndose a Roosevelt Hernández, por, según sus palabras, “manchar la dignidad” de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Por su parte, la consejera del CNE, Cossette López instó, a través de sus redes sociales, a que se lleven a cabo juicios políticos contra los actores que provocaron la crisis electoral, porque de lo contrario serán "cómplices de los que se fueron".
"Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras", añadió.
Mientras que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, respaldó a López y aseguró que “se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”.
Por lo que pidió que se dejen precedentes "claros y firmes" para que la democracia no vuelva a ser amenazada.
