Ingeniero, político y experto en el tema antidrogas. Gustavo Alfredo Landaverde Hernández
era el hombre honesto y amante de Honduras que desde hace varios años venía sosteniendo que el narcotráfico había infiltrado a la Policía y la política hondureña.
Conocía perfectamente las redes del narcotráfico y del crimen organizado que operan en Honduras, la relación de esos grupos delictivos con los parientes de algunos políticos y los contactos que la mafia tenía con altos oficiales de la Policía.
Identificaba por nombres y apellidos a los capos que caminan libremente en Honduras, así como a los altos oficiales de policía involucrados en el negocio de las drogas y el crimen, entre ellos un comisionado que recientemente fue denunciado por EL HERALDO y que el Poder Ejecutivo que preside Porfirio Lobo Sosa se resiste a separar.
Como exasesor policial conocía bien la infección que carcome el cuerpo de esa institución, y el antibiótico que recomendaba para contrarrestar la patología era la depuración a través de una intervención.
Luego de que el 22 de octubre recién pasado miembros de la policía asesinaran a dos estudiantes universitarios, y tras conocer la denuncia pública del robo de 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros y 300 fusiles FAL del escuadrón Cobras, Landaverde le exigió al presidente Porfirio Lobo que interviniera la policía y que le practicara una auditoría de todos los bienes que se le han entregado.
Su asesinato se produce en momentos en que el pueblo hondureño se pregunta ¿por qué se retrasa la intervención de la policía?, entidad fuertemente cuestionada por su relación con bandas criminales.
Su vida
Landaverde, de 71 años, nació el 11 de febrero de 1940 en la costa norte. Estaba casado con la socióloga Hilda Caldera, de origen venezolano, con quien procreó una hija.
Luego de titularse de ingeniero se involucró en la política, llegando a ser fundador del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), el cual se constituyó como movimiento el 10 de septiembre de 1968 en el centro de capacitación la Colmena, departamento de Choluteca.
Entre 1980 y 1982 fue presidente del PDCH. En ese período, utilizando los recursos de la deuda política, logró comprar la casa donde ahora es la sede del partido, ubicada en la colonia San Carlos.
Posteriormente fue diputado al Congreso Nacional por el PDCH entre 1986 y 1990, durante el período gubernamental del también ya fallecido José Simón Azcona. Allí se destacó por la defensa de los derechos humanos.
En 1994 formó parte de la junta que eliminó la temida Dirección Nacional de Investigación (DNI), dependencia de la Policía adscrita a las Fuerzas Armadas y que en ese momento se cuestionó por participar en actos delictivos.
Entre 1996 y 1999 formó parte de la Junta Interventora y de Traspaso de la Policía del orden militar al orden civil, cuando se dotó a esta entidad no solo de un nuevo uniforme, sino de mejores armas y mejores condiciones para operar.
Posteriormente, pasó a ocupar la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, donde trabajó en la estrategia nacional para el control de las drogas.
Reforma
En esta labor llegó a plantear que en la administración de justicia debían generarse leyes y reglamentos que contemplaran acciones modernas y actualizadas en el contexto nacional, compatibles con leyes de otros países que luchan contra el tráfico de drogas.
Asimismo, establecía coordinación entre los operadores de justicia a nivel interno: jueces, fiscales y policías y colaboración a nivel internacional, con capacitaciones permanentes de los aplicadores de justicia en los campos de narcotráfico y lavado de dinero, hasta alcanzar grados de especialización en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, recomendaba dotar de medios técnicos y científicos para la comprobación del delito, así como procedimientos efectivos en torno a la administración de los bienes incautados, de tal manera que sea expedito y oportuno.
En el combate a las drogas consideró el mejoramiento del control aduanero y de la inteligencia policial, un mejor sistema de investigación, la necesidad de operativos por aire, mar y tierra, capacitación, recursos humanos y materiales y coordinación nacional e interinstitucional, entre otras cosas.
Lavado de activos
En materia de lavado de activos planteó mayores controles financieros, detección y represión de actividades encaminadas al tráfico de cualquier tipo de drogas y una readecuación jurídica. En la lucha contra las drogas también pidió no olvidarse de la prevención, como uno de los aspectos principales en el combate de ese flagelo.
Después de su salida del Consejo de Lucha contra el Narcotráfico, Landaverde, desde el 1 de marzo de 2006 hasta 2009, se desempeñó como asesor de la policía en materia de derechos humanos. En 2008 fue propuesto como candidato presidencial del PDCH, situación que no se concretó.
A mediados de este año, Landaverde formó parte de una terna de la que saldría el nuevo titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Hasta el último día de vida, Landaverde fue un abanderado de la necesidad de limpiar la policía, recordando continuamente que al menos 25 altos oficiales eran comparsas del narcotráfico y del crimen organizado.
Su asesinato ocurre 23 años después de que su hermano Moisés Landaverde también pereciera acribillado, el 14 de enero de 1988, en una colonia de San Pedro Sula.
Ambos serán recordados como grandes luchadores por una mejor Honduras.
