El presidente Porfirio Lobo volvió a defender ayer la fallida Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública que ya no será sancionada por el Ejecutivo para no afectar la campaña del candidato presidencial oficialista, Juan Orlando Hernández.
Lobo sostuvo que mediante la llamada “ley hipoteca” se pretendía recuperar los recursos naturales y de esta manera permitir al próximo gobierno mejorar la situación financiera del país, deteriorada por el enorme endeudamiento originado por el excesivo gasto público de este y el anterior gobierno liberal de Manuel Zelaya.
El gobernante anunció que hablará con los candidatos presidenciales sobre los alcances de la ley que contempla la venta de los recursos del Estado que están “ociosos”, es decir, proyectos que tienen que ver con recursos naturales, telecomunicaciones, energía y otros.
“Es un procedimiento importante para que Honduras pueda recuperar sus recursos naturales, es importantísimo, entonces lo que voy a hacer es hablar con cada candidato y hacerlo bien porque esa ley no es para mí, esa ley es para el futuro, claro, es mi deber buscar alternativas que signifiquen beneficio para el pueblo hondureño”, dijo.
El titular del Ejecutivo anunció el fin de semana que ya no continuará socializando la ley y prácticamente dio por sentado que no sancionará la iniciativa para no afectar la campaña del candidato presidencial del Partido Nacional.
Consultado sobre si vetará la polémica norma, Lobo reiteró que la “ley hipoteca” no ha sido enviada por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, por lo que aseveró que no han corrido los 10 días que establece la ley para la sanción o veto de una iniciativa aprobada por el CN.
“Esa ley hace que cualquier empresa que gane una concesión, voy a publicar, son 280 concesiones que se han dado y van a ver ustedes cuántos años hace que se dieron y no se están ejecutando, entonces con esa ley, si no se ejecuta en cierto período se pierde el derecho”.
El mandatario sostuvo que la “ley hipoteca” obligaba a las empresas favorecidas con un proyecto o una concesión a pagar una cantidad al
Estado antes de que iniciara el proyecto y si esta fracasaba o no se ejecutaba, los fondos se quedaban en las arcas públicas.
Con estos recursos se pretendía cubrir parte de la deuda interna del país que se estima en unos 60 mil millones de lempiras, aunque sectores expresaron su preocupación de que los recursos fueran a dar al gasto corriente (pago de salarios).
