Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se prepara para someter a discusión el esperado proyecto de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial este próximo martes. La iniciativa busca convertirse en la válvula de escape para la crisis de desempleo que atraviesa el país.
La agenda legislativa está condicionada a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remita en las próximas horas sus observaciones técnicas sobre artículos clave del documento.
El secretario del Legislativo otorgó un plazo de 72 horas a la presidencia de la CSJ para evacuar las consultas legales pendientes.
De cumplirse este cronograma, la comisión dictaminadora entregará el lunes el borrador final a los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas para su revisión interna, antes de que el dictamen sea leído en el pleno.
“Si se cumple el tiempo solicitado, el lunes ya podríamos entregar a los jefes de bancada el proyecto final para que lo vean con sus grupos y el martes poderlo someter al pleno”, informó Fernando Castro, diputado y miembro de la comisión dictaminadora.
Ante la polarización que suele frenar proyectos de gran calado, Castro hizo un llamado a los diputados de las diferentes bancadas para que la discusión se centre en las bondades de la ley y no en intereses partidarios.
El legislador enfatizó que la meta es reducir la "gran masa de desempleo" que afecta a miles de hondureños, especialmente jóvenes y estudiantes.
“A esta ley no le podemos poner tinte político; no importa si la metió un liberal, un nacionalista o alguien de Libre. Tenemos que ver los beneficios para los miles de desempleados que están afuera en la calle”, subrayó el parlamentario.
La comisión dictaminadora maneja proyecciones ambiciosas basadas en los antecedentes de legislaciones similares. Según las estadísticas citadas por los diputados, durante los siete años que estuvo vigente la derogada Ley de Empleo por Hora, se logró registrar a más de 750 mil personas bajo esa modalidad.
Con la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial, el Congreso apunta no solo a igualar esa cifra, sino a superarla, asegurando que esta vez se respeten todos los derechos adquiridos y beneficios sociales de los trabajadores, punto que fue el principal detonante de las críticas en el pasado.
“Nosotros estamos apuntando a más de eso (750 mil registros). Creemos que esta es una de las tantas soluciones que tenemos que ir encontrando para el país”, sentenció Castro.
El sector empresarial y las centrales obreras se mantienen a la expectativa del contenido final del dictamen, el cual deberá equilibrar la flexibilidad que demandan los empleadores con la estabilidad laboral que exigen los trabajadores.
Si no hay retrasos en la opinión de la Corte, el martes Honduras conocerá el rumbo de esta nueva normativa laboral.
