La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se defendió ante el “golpe técnico” que le dio el Congreso Nacional (CN) por la destitución de cuatro magistrados.
Un pleno especial de la CSJ rechazó los dos recursos de amparo interpuestos contra el acto que hizo el Congreso Nacional (CN) de destituir a cuatro magistrados del Poder Judicial. Con esto, el Poder Judicial dejó vigente la destitución de Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz Gaekel.
“Lamentamos que el Poder Judicial no se haya defendido a sí mismo, que no se tenga respeto”, manifestó Bustillo en el programa “Frente a frente”, de Televicentro.
Por su parte, Cruz deploró el ataque que sufre la CSJ desde el año 2010 por parte del Ejecutivo y el Legislativo, que terminó con la destitución de magistrados. Lo que se trata es defender la integridad e independencia del Poder Judicial, indicó. Lamentó que el golpe de Estado está consumado, que no habrá retroceso.
Denunció que los otros poderes amenazaron la estabilidad del Poder Judicial y de la Fiscalía General. “Todo el Poder Judicial está absolutamente de rodillas, no se defendió a sí mismo”, lamentó Cruz.
También denunció que muchos magistrados que integraron el pleno fueron amenazados con ser destituidos si votaban a favor de los amparos. “Fueron encerrados en sus oficinas, sabemos quiénes fueron y con quiénes estuvieron para convencerlos de emitir el fallo”, señaló.
“Tenemos un Poder Judicial sin alma”, lamentó por su lado Ruiz Gaekel. Deploró que la resolución la adoptaron abogados sin suficiente experiencia en justicia constitucional. Lo delicado del fallo es que se puso en precario el estado de derecho, sostienen. Sí alabaron la posición que en el pleno especial adoptaron los magistrados Raúl Henríquez y Adela Kafaty, quienes votaron por admitir los amparos con suspensión del acto reclamado.
Gutiérrez Navas reiteró considerarse aún magistrado y presidente de la Sala Constitucional. Igual posición asumen los otros tres destituidos, al considerar que fue un acto nulo lo que hizo el CN.
Los destituidos califican como un acto ilegal, viciado, arbitrario y con total desconocimiento del derecho constitucional la resolución de la CSJ de rechazarles de plano los amparos.
El pleno especial basó su sentencia en una incompetencia en conocerlos, que los diputados no son funcionarios públicos y que la destitución es un acto consumado, al ser publicado el decreto en el diario oficial La Gaceta.
En primer lugar, los afectados sostienen que la normativa interna y convenios internacionales suscritos por Honduras ya definen que los diputados son funcionarios públicos.
Demanda
Gutiérrez Navas anunció que acudirán a instancias internacionales en búsqueda de justicia. Lo harán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al agotarse la instancia interna, ya que dan como un hecho que el recurso de reposición que interpondrán en la CSJ no variará el fallo del pleno especial.
Previo, Gutiérrez Navas hizo un último llamado al CN para que rectifique el acto arbitrario de destituirlos. “Hay una franca y abierta violación a la norma internacional”, advirtió.
Una condena implicaría una restitución y pago de indemnización, anulando la legislación. Precisamente, relacionado al caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado de Ecuador aceptó su culpa por despedir a 28 magistrados judiciales.
Se ordenó su restitución, con indemnizaciones. Esto sería el preámbulo de lo que inminentemente le sucedería a Honduras, de ser condenado.
