Como una subordinación del poder Judicial ante los intereses políticos del Congreso Nacional calificó el representante de la Barra de Abogados Anticorrupción, Virgilio Padilla, la decisión del pleno de no admitir el amparo presentado por los cuatro magistrados
destituidos.
Padilla calificó como una injerencia del Legislativo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
la separación de los magistrados, una decisión que fue sostenida el miércoles con la resolución en contra de la restitución de los funcionarios.
'En el Código Procesal Penal hay un procedimiento para enjuiciar a los altos funcionarios del Estado, entre ellos los magistrados, pero cuando el poder legislativo juzgue, siempre habrá injerencia, además de la arrogante facultad de hacer juicios políticos, que es una arbitrariedad', opinó.
El abogado explicó que la simple palabra juicio, implica la facultad de juzgar 'y en Honduras, se le aclaro a los diputados, le corresponde exclusivamente al poder Judicial'.
No obstante, reconoció que el Congreso Nacional tiene la facultad de investigar la conducta administrativa de los funcionarios, pero en el caso de la CSJ, la decisión de separar corresponde al presidente Jorge Rivera Avilés.
Al tomarse estas atribuciones, se incurre en usurpación de facultades, que es sancionable, según la norma penal, que en cualquier momento se puede hacer efectiva.
'Porque en el lenguaje de los actos, estamos ante una evidente subordinación, que en la misma Constitución se trata de evitar'.
Sin embargo, consideró que el fallo de la Sala Constitucional, en el caso de la Ley Depuración de la Policía Nacional, fue desacertado, pero no autoriza ni legitima al poder Legislativo para intervenir la CSJ.
De la decisión del pleno de magistrados, comentó que 'como Honduras es un país sometido al caudillismo y al autoritarismo y a la cultura general de temor, miedo y dependencia, la conducta de los jueces fue más impulsada por el temor que por el jurismo'.
'Todos sabemos que en Honduras, la justicia penal es más política que jurista y mientras la CSJ esté subordinada al Congreso Nacional, no habrá justicia', lamentó.
Función expresa
Por su parte el diputado del Congreso Nacional, Mario Pérez, admitió que no hay un artículo en la Constitución de la República que expresamente le dé la facultad de destituir a los magistrados, antes de la reforma del juicio político.
Aunque sostuvo que el Congreso selecciona a los magistrados en una elección de segundo grado, ya que no son electos de forma directa por el pueblo, y al tener la potestad de nombrar se puede destituir.
'Al ser elegidos no significa que tendrá que durar en su cargo los siete años, pese a que sus actuaciones sean contrarias a la ley'.
Pérez le aclaró a Padilla que el Código Penal establece el enjuiciamiento por la comisión de un delito que investiga el Ministerio Público, pero es muy aparte de un enjuiciamiento político, que tiene otra connotación, porque es el actuar al frente de un cargo.
El diputado nacionalista consideró que esta es una figura que existe en todos los países del mundo, especialmente en América, y que en Honduras ya ha sucedido con la destitución de fiscales generales, magistrados y procuradores de la República.
'Al reglamentar el juicio político
se ha mejorado la constitución, pero eso no significa que no se tenía esta atribución antes, pero se va a saltar las cuestiones como que el proceso se dio muy rápido, que no se les dio oportunidad de defenderse, etcétera, porque habrá un procedimiento ordenado de cómo llevar el enjuiciamiento'.
Sin embargo, aseguró que se espera que los altos funcionarios actúen en marco de la ley, de la manera que espera el pueblo.
En ese sentido, Padilla le contestó al diputado nacionalista que la palabra expresa es importante porque significa que la atribución que tiene está puntualmente señalada.
Dijo que la percepción es esquivocada, porque recordó en el artículo 321 de la Constitución expresa que todo acto es nulo si no está dentro de las facultades de la confiere la ley.
La CSJ rechazó por trece votos a favor y dos en contra, los amparos presentados por los magistrados destituidos por el CN, el pasado 12 de diciembre.
