Tegucigalpa, Honduras.- El exconsejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, aseguró que la decisión del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por el excandidato presidencial Salvador Nasralla se fundamenta exclusivamente en el cumplimiento de la ley electoral vigente.
Aguirre explicó que el órgano jurisdiccional actuó conforme a la normativa procesal al determinar que los recursos fueron presentados fuera del plazo legal establecido.
“El Tribunal de Justicia Electoral ha declarado inadmisibles tres apelaciones que presentó el candidato presidencial Salvador Nasralla con base en la ley orgánica y procesal electoral”, señaló el exfuncionario, subrayando que no se trató de una decisión política, sino jurídica.
Según Aguirre, esta resolución otorga solidez legal a la declaratoria presidencial emitida por el CNE, al considerar que ya no existen recursos ordinarios pendientes que suspendan sus efectos. “Esto le da firmeza a la declaratoria del nivel electivo presidencial”, afirmó, aunque precisó que el ordenamiento jurídico aún permite la interposición de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
No obstante, aclaró que mientras no exista una resolución distinta por la vía constitucional, la declaratoria presidencial mantiene plena validez y debe ejecutarse conforme a la ley.
El Tribunal de Justicia Electoral informó que, por mayoría de votos, declaró inadmisibles tres recursos de impugnación presentados por el Partido Liberal contra el nivel presidencial. El magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, explicó que los recursos fueron rechazados por haber sido presentados de manera extemporánea, tras un análisis motivado del pleno.
Flores Urrutia detalló que la apoderada legal de Nasralla debió interponer el recurso de apelación contra la resolución de declaratoria publicada por el CNE el 24 de diciembre de 2025. La decisión no fue unánime, ya que el magistrado Mario Alexis Morazán emitió voto en contra.
La resolución del TJE marca un punto clave en el proceso postelectoral, al dejar firme la declaratoria presidencial, a la espera de cualquier acción que pudiera presentarse en la vía constitucional.
