Tegucigalpa, Honduras.- El clima político en el Congreso Nacional sube de temperatura tras el histórico precedente de la semana pasada cuando se aplicó el primer juicio político en Honduras.
Luego de concretarse la destitución del ahora exfiscal Johel Zelaya, las fuerzas mayoritarias han confirmado que la lista de altos funcionarios que enfrentarán un juicio político se ampliará significativamente al retomar las sesiones legislativas después del feriado de Semana Santa. Inicialmente se manejaba que dos funcionarios electorales estaban en la mira, pero el número podría aumentar a diez.
La diputada liberal Saraí Espinal confirmó que se espera que el proceso alcance a unos 10 funcionarios en total, incluido el exfiscal general. La parlamentaria detalló que la iniciativa no proviene de un solo sector, sino de una estrategia coordinada entre las principales fuerzas del hemiciclo.
"Se espera de que sean 10 a los que se les realice juicio político. Hay cuatro que van a ser presentados por el Partido Liberal y los demás restantes serán presentados por el Partido Nacional", reveló Espinal sobre la distribución de las iniciativas de destitución.
En definitiva, el mecanismo constitucional, diseñado para investigar y separar de sus cargos a funcionarios por negligencia, incapacidad o actuaciones contra la Constitución, apunta ahora hacia las instituciones que rectoran el proceso electoral.
Entre los nombres que ya resuenan en los pasillos del hemiciclo y de forma pública figuran piezas importantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Espinal mencionó que, aunque esperan la documentación formal de su jefatura de bancada para oficializar el voto, nombres como el de Marlon Ochoa, consejero del CNE, y Mario Morazán, del TJE, son los más recurrentes en la agenda de enjuiciamiento.
También están suplentes de ambos órganos electorales y hasta actuales diputados del Congreso Nacional.
No obstante, subrayó que la búsqueda de los 86 votos necesarios sigue siendo el desafío principal.
"Recordemos que en el juicio político votaron los 41 diputados del Partido Liberal contra Johel Zelaya, los 49 por parte del Partido Nacional, los dos del Pinu y uno de la DC", explicó la diputada.
Responsabilidades
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, ratificó que la intención de avanzar con estos procesos ha sido expresada abiertamente por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.
Burgos fue más específico al señalar que los juicios buscarán deducir responsabilidades a quienes, a criterio de la oposición, intentaron obstaculizar el proceso electoral del pasado 30 de noviembre.
El parlamentario nacionalista confirmó que Ochoa encabeza la lista de los próximos señalados, junto a al menos un magistrado propietario y dos suplentes del TJE.
Para Burgos, el procedimiento seguido con el exfiscal Zelaya, donde se nombró una comisión especial y se transmitieron las audiencias por el canal oficial, servirá de modelo para los casos que vienen.
"Él (Marlon Ochoa) y otros actores trataron de impedir el proceso electoral del pasado 30 de noviembre. Se tiene que seguir el mismo procedimiento de la ley de juicio político que haya denuncias ahí en el Congreso Nacional", aseguró Burgos.
Burgos también destacó que la iniciativa de enjuiciar a Ochoa cuenta con un respaldo multipartidario, mencionando que incluso el congresista Jorge Cálix ha sido uno de los promotores de que el consejero electoral sea de los primeros en enfrentar el proceso.
La meta es clara: alcanzar los consensos necesarios para llegar a la mayoría calificada.
"Siguen los consensos con otros partidos políticos para alcanzar los 86 votos requeridos. Fuimos citados a sesión ordinaria el próximo martes en horas de la tarde para pues llegar a trabajar y me imagino que ahí se van a presentar las denuncias", adelantó el legislador nacionalista.
Con la convocatoria a sesión para el próximo martes, el Congreso Nacional se prepara para una jornada de alta tensión política.
El panorama legislativo post-Semana Santa estará marcado por la lectura de nuevos dictámenes y el nombramiento de comisiones especiales. La moneda está en el aire y la estabilidad de altos funcionarios del Estado pende de un hilo que solo los 86 votos del hemiciclo podrán sostener o cortar definitivamente.
