TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde este lunes 8 de mayo y hasta el próximo jueves 11 se desarrollará el juicio oral y público en contra del excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos, anunció el Ministerio Público a través de un comunicado.
Se prevé que durante el proceso la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) evacuará 18 medios de prueba documentales, dos declaraciones testimoniales, dictámenes de informática forense, de extracción de análisis de dispositivos electrónicos, de escuchas y vaciados telefónicos y una pericia financiera con más de 80 insumos.
Cabe destacar que los tres enjuiciados fueron capturados en noviembre de 2021 por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante la ejecución de nueve allanamientos realizados en las ciudades de Tegucigalpa, capital del país y Yamaranguila, Intibucá.
Dicho operativo dio como resultado la incautación de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Investigaciones
Las investigaciones presentadas por el Ministerio Publico indican que el excapitán, Santos Rodríguez Orellana, realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, las autoridades señalan que Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también estaría involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.
Asimismo, el ente acusador reveló que en escuchas telefónicas se comprobó que éste negociaba entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, el Ministerio Público realizó un análisis financiero donde constató que durante el tiempo que el excapitán formó parte de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras.
Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Por ello, la Fiscalía considera que “la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no es coherente con lo declarado, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico”.
Para el Ministerio Público la conducta precedente al lavado es la disposición de dineros provenientes del narcotráfico.
