La investigación penal se encuentra en cuidados intensivos. Las cifras hablan por sí solas. De las 109,523 denuncias que el Ministerio Público remitió a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC)
entre 2010 y 2011, solo 24,653 fueron investigadas.
Es decir, 84,870 están en el baúl de la impunidad y, seguramente, nunca saldrán de ahí porque la carga investigativa se ha engrosado si se suman las denuncias de 2012.
La crisis es más monstruosa si se tomara en cuenta otra cantidad igual o superior de denuncias que recibe la DNIC por su cuenta, es decir, no a través de la Fiscalía. De ahí que la investigación criminal en Honduras esté moribunda, con un incipiente 21 por ciento de “supuesta efectividad”.
Para salvarla de la condición agónica en que se encuentra se requiere de la adopción de medidas urgentes y concretas. El objetivo: frenar la impunidad.
Pilares
Diversos sectores claman porque se adopten medidas para garantizar tres pilares que anhela la sociedad hondureña: justicia, seguridad y paz.
“Nosotros creemos que el eslabón en la justicia falla por la investigación”, sentenció el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), Fabricio Erazo.
Lamentó que “el Estado no le da una verdadera importancia a la investigación ni destina los suficientes recursos”.
El año anterior, el MP solicitó un presupuesto de 1,081 millones de lempiras, pero apenas les asignaron 872.2 millones.
Las prioridades de país se pueden evidenciar con un simple ejemplo: los maestros políticos que tienen licencia con goce de sueldo, se llevaron en un año más de 1,800 millones de lempiras, es decir, casi el doble del presupuesto del Ministerio Público.
Para este año se les asignaron 971 millones.
El contar con rango constitucional no ayuda, porque la ley simple y sencillamente dice que se debe asignar un presupuesto hasta de 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación.
La palabra “hasta” indica que puede ser también 1 o 2 por ciento del presupuesto.
Campaña
Para la AFH existe un interés oscuro del gobierno en afectar al MP. “Creemos que existe una campaña malintencionada con la finalidad de querer debilitar al Ministerio Público”, denunció el fiscal.
Y es que se está pretendiendo hacer creer que el MP es quien investiga, cuando realmente, por mandato legal, lo que hacen los fiscales es dirigir las diligencias a los detectives de la DNIC o la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación. En la realidad esta dirección tiene falencias debido a la poca coordinación existente entre fiscales y policías de investigación.
Aparte de asignarle poco presupuesto, a su criterio se pretende debilitar al MP despojándole la Policía de Investigación y la Oficina Administradora de Bienes Incautados. “Yo consideraría que esta campaña viene del gobierno”, indicó. Lo que se busca, agregó, es reformar la Ley del MP para que pueda tener una injerencia política.
Se estaría legalizando que los diputados puedan nombrar fiscales, de esa forma se estaría manipulando la justicia, advirtió Erazo. “Lo que tenemos miedo es que el MP se convierta, no en el brazo de la sociedad, sino en una parte más del cuerpo de los políticos y hagan piñata con la justicia, de una manera demagógica”, denunció.
El debilitar al MP impide obtener resultados favorables, que es lo que el pueblo espera. Por tanto, afirma que el MP no funciona mejor porque los mismos políticos lo han debilitado.
Sin la Policía
Reseñó que una muestra de que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa pretende debilitar al MP es que al inicio de su mandato se derogó el Decreto 287-2009, que creó la Dirección Técnica de Investigación Criminal (DTIC), adscrita al MP.
Esta ley disponía que la DTIC es un organismo especializado y profesional, dependiente del MP, que tendría a su cargo la investigación de los delitos, descubrir a los responsables y proporcionar a los organismos competentes la información necesaria para el ejercicio de la acción penal.
Incluía investigar todas las modalidades del crimen organizado, como otros delitos de indagación compleja que ocasionen un grave perjuicio a la sociedad en general.
Esto no se logró, dejando que continúe casi sin efectividad que el fiscal dirija técnica y jurídicamente la investigación.
“Actualmente, donde se encuentra la Policía de Investigación no ha cumplido los objetivos, porque no tiene los recursos”, dijo el fiscal, quien no escondió su frustración por los resultados que aplazan a la DNIC.
Para Erazo, debe existir una voluntad política y económica del Estado para fortalecer la investigación. Como fiscales prefieren que la Policía de Investigación esté en el MP, aunque apoyarían que esté en la Corte Suprema, dirigida por comprometidos con la justicia y sepan de la materia.
Con una buena investigación existirían condenas, lo que desincentivaría que se cometan delitos. Por lo tanto, considera que es urgente que se adopte una urgente decisión, para bajar los índices de impunidad.
Política estructural
Los jueces se suman a la demanda de adoptarse un cambio de dirección en la investigación penal.
“La debilidad, a nuestro criterio, radica en lo que es la investigación criminal, dado que existen ciertas debilidades por falta de apoyo logístico y una política estructural para que los delitos no queden en la impunidad”, expresó el juez de sentencia, Anaim Orellana.
En ese sentido, recomendó fortalecer la Policía de Investigación, que la DNIC esté adscrita al MP, ya que son los fiscales quienes dirigen la investigación y debe existir esa concordancia.
La pobre calificación que obtiene la DNIC es razón suficiente para que se encuentre una solución. Dijo que los jueces y fiscales se actualizan en temas de criminología, sin embargo relató cómo policías se quejan de “trabajar con las uñas”, sin el suficiente apoyo para ser más efectivos.
Por su labor como juez dijo haber visto cómo muchos casos se derrumban por carecer de evidencias para condenar a un imputado.
“Las fallas siempre están, falta una verdadera investigación efectiva, hay casos en que dicen ‘los jueces los dejaron libres, no los condenó’, pero hay que ver qué tipo de pruebas vienen acá al Tribunal, incluso vienen a veces pruebas ilícitas o viciadas, o en sí un mal procedimiento”, lamentó Orellana.
Esto incide en no poder condenar a una persona que realmente cometió delitos, incluidos los de impacto social.
Ante la falta de evidencias no le queda más salida al juez que dejarlo en libertad y persista la impunidad. Por tanto, dijo que el Estado está en la obligación de fortalecer la investigación y frenar los crímenes, entre ellos los selectivos de alto impacto que pretenden socavar la seguridad del país.
“Debería haber una política integral de seguridad, se ha dejado avanzar mucho la criminalidad en todos los niveles, desde el crimen organizado, el sicariato, se ha perdido el derecho a la vida”, deploró el juez.
A su criterio, cuando acontecen crímenes de alto impacto se pretende buscar una solución, que es difícil encontrar sin que exista una política integral de seguridad.
El exmagistrado de la Sala Penal, Nicolas García Sorto, coincidió en que la gran falencia que existe para combatir la criminalidad es la investigación, que está en manos de la Policía.
Propone rutas de salida para remover la impunidad. Una de ellas es que la Policía de Investigación funcione, sin importar en qué ente se encuentre.
Lamenta el abandono que arrastra la Policía de Investigación. La desintegración familiar y falta de educación son componentes que fortalece las debilidades de la sociedad y contribuye a que el grado de impunidad y criminalidad se acreciente.
Máxima preocupación en la UE por crímenes en Honduras
De común acuerdo la Unión Europea externó ayer su “enérgica condena y máxima preocupación” ante los asesinatos del abogado Antonio Trejo,
en Tegucigalpa y del fiscal Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, en Choluteca.
“Estos crímenes atentan contra los principios básicos del respeto a los Derechos Humanos, la democracia, la libertad y el estado de derecho”, citó la declaración divulgada por la embajada de Alemania, representante local de la Unión Europea.
Los jefes de Misión de la Unión Europea en Honduras mostraron su preocupación por esta ola de amenazas y ataques contra representantes de la justicia que defienden los derechos humanos y hacen un llamado al gobierno de Honduras para que persista en su voluntad manifestada de investigar estos crímenes, “que esperamos no queden en la impunidad”.
“Confiamos en que las autoridades hondureñas tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los defensores de derechos humanos en situación de riesgo”, concluye.
