Los crímenes selectivos perpetrados en los últimos meses se convierten en una amenaza para la institucionalidad y el estado de derecho.
Es un tema de Estado, quien deviene obligado a frenar los crímenes de alto impacto y deducir responsabilidades.
En la lista de víctimas se incluyen personalidades como el analista en temas de seguridad, Alfredo Landaverde, el periodista Alfredo Villatoro, los más recientes como el abogado Antonio Trejo y el fiscal de Derechos Humanos, Eduardo Díaz. Estos asesinatos y otros conmocionaron a la comunidad nacional e internacional que exige respuestas y castigo.
Países como Estados Unidos y España condenaron los crímenes y unen sus esfuerzos para la deducción de responsabilidades. Para el caso, EUA condenó el crimen de estos hondureños y de inmediato ofreció apoyo en las investigaciones. El gobierno estadounidense externó su preocupación por los altos niveles de impunidad en Honduras, instan a que se realice una pronta y exhaustiva investigación.
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, reafirmó ayer que EUA está comprometido a trabajar con Honduras para asegurar que responsables de crímenes de este tipo sean llevados a los tribunales de justicia.
Para concretar el apoyo, hace dos semanas arribó a Honduras una delegación de alto nivel del gobierno de los EUA, encabezada por la subsecretaria de Estado, María Otero, quien instaló el Grupo de Trabajo Bilateral sobre Derechos Humanos y firmó un Memorándum de Entendimiento con Honduras, para reforzar la seguridad ciudadana. En esa oportunidad, Otero expuso que en Honduras existen grupos vulnerables en riesgo de violaciones a sus derechos humanos.
“Defensores de derechos humanos y sindicalistas son amenazados, hostigados, golpeados e, incluso asesinados por defender los derechos de los demás”, manifestó.
“Ponerle fin a la impunidad es clave para crear un país más seguro, más próspero y un futuro más socialmente inclusivo para Honduras. Cuando persiste la impunidad, los ciudadanos se alejan del gobierno y se sienten cada vez más impotentes, resultando en un ciclo de violencia que conduce a la inseguridad y al temor generalizado”, externó Otero en su reciente visita a Honduras. La funcionaria dejó un mensaje bien claro: que la ley se aplica a todo el mundo por igual.
Es de recordar que el gobierno estadounidense suspendió ayuda por vinculaciones del director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, en supuestas violaciones a derechos humanos. Por su parte, en una nota de prensa la embajada de España manifestó “su repulsa y consternación por los asesinatos del fiscal de Derechos Humanos, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos y del abogado Antonio Trejo Cabrera.
España transmitió sus condolencias a sus familiares. A su vez, España reiteró, una vez más, su compromiso con los Derechos Humanos y el estado de derecho, así como con la libertad de expresión en Honduras. “La valiente lucha por la defensa de los Derechos Humanos de los dos fallecidos es un ejemplo a seguir, que no debe caer en el olvido”.
Asimismo, el gobierno de España reiteró su disposición para continuar colaborando con su homologo hondureño en sus esfuerzos por lograr un mayor clima de seguridad, avances en la lucha contra la impunidad y respeto a las libertades en el país. Al clamor para frenar crímenes selectivos su sumaron organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch.
Con las uñas
Respecto a los asesinatos de Trejo y Díaz, el fiscal adjunto, Roy Urtecho, calificó como “una afrenta, un golpe, un ataque al Estado”. “Nosotros como Estado tenemos la legalidad de actuar en legítima defensa contra estas acciones que están vulnerando el ejercicio libre de la profesión”, expresó Urtecho, quien también preside el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Dar fin a la impunidad requiere que las autoridades investiguen rigurosamente hechos constitutivos de delito. Estos casos deben resultar en procesamientos y condenas de los responsables, siguiendo el debido proceso y la igualdad de protección bajo la ley.
Sin embargo, el “talón de Aquiles” en materia penal en el país sigue siendo la investigación. El fracaso de la Dirección Nacional de Investigación Criminal resulta evidente, cuando de la totalidad de casos que se le someten, solo devuelve a los fiscales el 25 por ciento como resueltos. Por ello, el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, reiteró el llamado a que la Policía de Investigación esté en manos del Ministerio Público (MP).
Esto implica la dotación de infraestructura, con la tecnología necesaria y el recurso humano eficiente. “Esto solo se realiza con voluntad política, doy un mensaje a la clase política de Honduras de mayor apoyo al MP”, dijo.
Esta propuesta es compartida por sectores involucrados, como la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Corte Suprema de Justicia y expertos nacionales e internacionales.
Asimismo, Urtecho recalcó la necesidad de un presupuesto digno para el MP, de unos 2,000 millones de lempiras, ya que los 800 millones que les asignan actualmente resultan insuficientes para obtener resultados en la persecución de delitos.
Ejemplificó que en el caso del fiscal Díaz, asesinado el lunes en Choluteca, no circulaba en carro, no tenía seguridad, fue acribillado sin que le fuera pagado su salario de este mes por no contar el MP con el presupuesto, ahora sus seis hijos ya no cuentan con un padre por culpa de la violencia.
A pesar de las limitantes, afirmó que el MP sigue adelante con el compromiso de combatir la impunidad, no obstante al cansancio de la sociedad que espera respuesta en algunos casos.
“Invirtamos en la investigación, es la propuesta toral. Son propuestas concretas las que necesitamos en este momento”, enfatizó, ya que con el clamor popular no se puede acusar a nadie. Lamentó que en el caso de Trejo dejó cuatro hijos, igualmente los otros crímenes selectivos dejaron luto y dolor en familiares y en el país.
Panorama oscuro
Mientras las ejecuciones selectivas no se resuelvan el futuro de Honduras no es claro.
“Es un futuro incierto, podrán estar cambiando fiscales generales, ministros de Seguridad, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura, pero no se invierte en seguridad ni investigación”, expresó Urtecho.
“Cuando no hay derecho y no hay ley, hay desorden, algunos promueven cambios violentando la ley”, advirtió el adjunto. Por eso pedimos la intervención de los países que quieran colaborar en materia de investigación”, indicó.
Al respecto, Urtecho agradeció el apoyo del gobierno de EUA en las investigaciones. “Lo brindan porque saben que estamos enfrentando la delincuencia con las uñas, pero lo hacemos con todo el valor y el coraje”, expresó.
El MP practica su autoanálisis, por eso pidió apoyo a la subsecretaria de Estado, María Otero, cuando visitó Honduras hace dos semanas.
Lo procedente es que el MP sea evaluado y en base al resultado pueda ser cuestionado.
Propuestas
A través de la unión de los sectores que integran el Estado, la comunidad, institucionalidad y la iglesia, para conformar un plan de país.
“Debemos de convocar a un gran diálogo nacional”, recomendó. Para dar el primer pasó informó que el CAH celebrará hoy una asamblea nacional para fijar una posición que construya un nuevo proceso penal.
“Es con diálogo, no con insultos y diatribas que solo traen divisiones y sangre”, expresó Urtecho, quien llamó a la familia hondureña a unirse. Recomendó la creación de mecanismos de protección para las y los defensores de derechos humanos.
Asimismo, la reforma el artículo 116, párrafo segundo, del Código Penal, para que se imponga prisión de por vida a quienes asesinen a abogados, periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Mal mensaje
El gobierno de Honduras se demandó a sí mismo a investigar lo que le corresponde. “Este es el momento para que el Ministerio Público trate por todos los medios de establecer quién sería el responsable de esta condenable muerte, se mandaría un mal mensaje cuando la muerte de un fiscal al igual que muchos otros abogados queden en la impunidad”, expresó la ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda.
En torno al crimen contra el fiscal Díaz dijo que es una “situación lamentable y condenable”, que “causa conmoción social”.
