Honduras

Honduras debe acudir a países amigos y a la ONU

Recomiendan al gobierno no firmar más acuerdos y acelerar cumplimiento del fallo de La Haya de 1992

07.04.2014

El gobierno de Honduras
debe hacer del conocimiento de la comunidad internacional las pretensiones de El Salvador sobre isla Conejo
y el incumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
de 1992.

Además, debe cuanto antes protestar ante las autoridades salvadoreñas y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por incluir la isla Conejo como su territorio en los mapas oficiales
y en el Libro Blanco de la Defensa del vecino país.

En esos términos se pronunció ayer el experto en derecho internacional, Graco Pérez, quien también recomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores
acudir a los países amigos para exponer al gobierno salvadoreño
por los infundados reclamos sobre el islote, ubicado en el Golfo de Fonseca.

Pérez coincidió con las aseveraciones hechas el viernes por el presidente Porfirio Lobo
en el sentido de que la compra de aviones de guerra

e intereses políticos partidarios estarían alentando al gobierno de El Salvador, que encabeza el gobernante Mauricio Funes, a reclamar la isla Conejo
como suya.

Lobo incluso anunció que enviará un mapa a su homólogo salvadoreño para que verifique que la isla Conejo pertenece a Honduras, pues nunca estuvo en disputa durante el fallo de La Haya de 1992
y siempre ha sido ocupada por Honduras.

“Las cosas se resuelven en los lugares indicados, no es mandando mapas porque no tiene ningún sentido, los mapas que los manden al servicio exterior y que ellos expliquen la situación a los países amigos para hacerle ver al mundo cuál es el país que no quiere reconocer un fallo de la Corte Internacional”, afirmó Pérez.

Honduras
debe protestar ante El Salvador
y también lo debe hacer ante el Consejo de Seguridad de la ONU
por el incumplimiento de la sentencia de 1992, porque la verdad el lenguaje se está elevando y le pretenden cambiar el sentido a la sentencia de La Haya”, explicó el experto en temas de derecho internacional.

El pasado miércoles el ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, consideró a Honduras como una amenaza por la capacidad de sus Fuerzas Armadas, que actualmente ejercen soberanía en la isla Conejo. Incluso, el mandatario salvadoreño respaldó las aseveraciones de su ministro de Defensa.

Interés

Pérez indicó que además de la compra de aviones y la búsqueda de popularidad de las autoridades salvadoreñas, los reclamos sobre isla Conejo también tienen que ver con la difícil situación que se registra en el puerto La Unión, pues actualmente las embarcaciones deben pedir permiso a Honduras para transitar por la proyección que brinda la isla Conejo.

“Honduras no debe seguir firmando acuerdos porque ahora la acusan de no cumplir los acuerdos que se han establecido en la región y el problema aquí es que Honduras está quedando como un país que no cumple”.

En 1992 la Corte Internacional de Justicia
estableció los límites marítimos entre Honduras y El Salvador
mediante una sentencia que garantiza a los salvadoreños las islas Meanguera y Meanguerita y El Tigre a Honduras, en la zona del Golfo de Fonseca.

La isla Conejo en ningún momento estuvo en disputa en virtud de que siempre ha sido considerada hondureña, pues colinda con las costas hondureñas y al bajar la marea se puede llegar caminando al islote.

A criterio del diplomático Eduardo Martell, la Corte Internacional de Justicia de La Haya
ratificó en dos ocasiones la soberanía de Honduras sobre la isla Conejo
.

Martell, quien participó en la comitiva de Honduras ante la Corte Internacional, explicó que la isla Conejo
pertenece al bolsón de Goascorán, “que lo ganamos dos veces”.

“En 1992 la Corte reconoció la soberanía de Honduras sobre el bolsón de Goascorán al que pertenece la isla Conejo y, en 2002, El Salvador pidió la revisión de ese bolsón, que nuevamente fue ratificada la soberanía nacional”.

“Honduras debe acelerar un poquito el paso, para que El Salvador cumpla la obligación que establece la Corte, no solo a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también en el Sistema de Integración de Centroamérica (Sica) y el grupo países amigos”, comentó el diplomático.