Las elecciones primarias y generales en Honduras costarán alrededor de 1,200 millones de lempiras, según cálculos preliminares de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El elevado costo obedece a que esta vez se presentan nueve partidos en la contienda, lo que reviste características singulares, que convierten al proceso como el más complejo en la historia de la democracia en Honduras.
Igualmente, se proyecta una inversión desproporcionada de dinero. En primer lugar porque, de momento, son cuatro los partidos políticos que irán a elecciones internas y el TSE debe preparar la competencia para cada partido, según el número de corrientes que se inscriban.
El presupuesto para las internas se ha establecido en 574 millones de lempiras como mínimo. Se prevé que participarán en su conjunto 17 movimientos internos.
Traslados ilegales serán sancionados
Ante denuncias documentadas de que varios registradores civiles están manipulando el censo electoral con traslados ilegales de un municipio a otro, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió ayer que estos serán sancionados ya que esto constituye un fraude electoral.
El magistrado Enrique Ortez Sequeira informó que en el TSE obran denuncias en contra de registradores civiles, sobre todo, pertenecientes al partido de gobierno, que están haciendo traslados de personas a otros municipios al margen de la ley.
De acuerdo con la Ley Electoral, el ciudadano podrá solicitar cambio de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante las oficinas del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral.
El ciudadano que gestione un cambio de domicilio fuera de los dos casos anteriores, incurrirá en delito electoral.
El trámite de la solicitud será conforme lo prescrito en la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento. Ningún funcionario podrá negarse a darle trámite, salvo que el peticionario no llenare los requisitos.
Se prohíbe al RNP efectuar cambios de oficio del domicilio electoral. Aparentemente, los cambios que se están efectuando en algunos registros municipales son promovidos por movimientos políticos, sin llenar los requisitos de ley.
El funcionario o empleado implicado en estas acciones incurre en delito electoral.
