La coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia en contra de siete actuales servidores públicos y una alta funcionaria de la Secretaría de Salud por supuestamente comprar un sistema informático de forma sobrevalorada.
Según la investigación del CNA, el proyecto informático adquirido para la sistematización de proyectos, está valorado en apenas un millón 800 mil lempiras, sin embargo fue comprado por ocho millones de lempiras, lo que resulta en más de seis millones de lempiras el perjuicio ocasionado a las arcas del Estado.
La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, dirigida por Odir Fernández, descubrió que el mecanismo utilizado para defraudar a la institución sanitaria fue a través de la fragmentación de contratos.
Operación
Los supuestos responsables dividieron el proyecto en nueve partes con el objeto de mantenerse en contrataciones privadas y nunca exceder los límites permitidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
Los personeros del CNA se reservaron el nombre de los implicados para evitar su fuga o la modificación de las pruebas, además, para no entorpecer las pesquisas que iniciarán los fiscales a los que se asignen el caso.
La investigación permitió identificar que una de las direcciones más perjudicadas en la Secretaría de Salud, por actos de corrupción, ha sido la exdirección de Regulación Sanitaria, hoy conocida como la Dirección General de Vigilancia de la Salud, debido a que los mecanismos utilizados para sustraer los fondos han sido mediante las contrataciones directas, el fraccionamiento de contratos con valores que no sobrepasan las estipulaciones presupuestarias para cada año y la sobrevaloración de productos o actividades.
De acuerdo a la denuncia presentada por representantes del CNA, los delitos que se le imputan a los servidores públicos son por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos y fraude en contra de la persona natural que se desempeñó como consultor, en perjuicio del Estado de Honduras.
Proceso
La denuncia fue presentada a las 11:00 de la mañana en las instalaciones del MP en la capital.
Ahora, un proceso burocrático en el interior del MP lo trasladará a la Fiscalía correspondiente, que deberá verificar la documentación presentada por el Consejo.
Tradicionalmente, este tipo de denuncia es asignada a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.
Posteriormente, agentes especiales comenzarán las indagaciones para verificar la documentación que sustenta la denuncia.
No se descarta que se pidan garantías ante un juez penal para que los supuestos responsables no traten de fugarse hasta que la autoridad presente los requerimientos pertinentes.
Actualmente se investiga 14 casos más sobre irregularidades en varios sectores del Estado.
Cuatro de ellas son diligencias que se realizan en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y a municipalidades