Tegucigalpa, Honduras.- “No hay justicia”, expresó Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, al cumplirse cinco años del femicidio de la joven enfermera, ocurrido en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, y que hasta ahora permanece sin una resolución definitiva.
Rodríguez reclamó que el caso no ha sido investigado de forma integral y cuestionó que solo una persona haya enfrentado consecuencias penales.
Afirmó que existen múltiples elementos pendientes de análisis y que la familia sigue exigiendo castigo para todos los responsables. "No es posible que solo el chivo expiatorio haya estado dos años en un batallón recibiendo su sueldo gozando de mucho privilegio cuando hay una familia que está exigiendo justicia", señaló.
Entre lágrimas, Rodríguez expresó que "Hay una familia en la que le quitaron a su hija, hermana, es algo que día a día lucha para seguir adelante, pero al recordar la impunidad en nuestro país es bien difícil"
Rodríguez también denunció falta de respaldo institucional. "Uno se llena de impotencia al saber qué jueces, que todo el Estado ha estado confabulado a favor de los policías y que nosotros una familia humilde trabajadora no tenemos justicia", afirmó
Pese a las limitaciones económicas, aseguró que continuará exigiendo respuestas. “No tenemos dinero para seguir pagando abogados, pero vamos a seguir luchando”, concluyó.
En el ámbito judicial, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio por la muerte de Keyla Martínez, tras detectar irregularidades en el proceso. Las autoridades identificaron inconsistencias en la causa relacionada con el fallecimiento ocurrido el 7 de febrero de 2021.
La versión inicial de la Policía sostuvo que la joven se había suicidado dentro de la celda de la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10). Sin embargo, la autopsia practicada por Medicina Forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, estableciendo el hecho como homicidio.
¿Quién era Keyla Martínez?
Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años y estudiante de enfermería, fue detenida por agentes policiales bajo el argumento de escándalo en la vía pública e incumplimiento del toque de queda decretado durante la pandemia. Posteriormente, fue hallada muerta en la celda donde permanecía bajo custodia.
Las investigaciones también revelaron que la joven no fue sometida a una prueba de alcoholemia. Un oficial policial explicó en su momento que la prueba no se realizó porque la detenida admitió haber ingerido alcohol, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos aplicados durante su arresto.
Desde entonces, familiares y amigos han realizado protestas y plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, denunciando irregularidades tanto en el proceso judicial como en la actuación de los agentes responsables de su custodia.
