TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde ayer quedó conformada la comisión gubernamental que realizará auditorías en el contrato y servicio de la Concesionaria Vial Honduras S.A. con respecto a la carretera CA-5 y las casetas de peaje.
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La comisión está conformada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Procuraduría General de la República, Secretaría de Transparencia, Servicio de Administración de Rentas y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas.
Desde el gobierno establecieron que buscarán llegar a buenos términos con Covi y a futuro no se dé ninguna demanda en contra del Estado.
“Esta administración lo que pretende hacer es establecer el diálogo con las empresas a las que se le dieron concesiones y lograr prevenir que tengamos que ir a otras instancias legales”, precisó Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia.
Al funcionario se le consultó si finalmente los peajes serán eliminados ya que fue una promesa de campaña de Libre, pero no se atrevió a asegurarlo.
“Estamos progresivamente dejando claro que el gobierno tiene como objetivo primordial defender el interés del pueblo, en ese sentido sabemos que es un proceso el que se da y no es que arbitrariamente vamos a llegar a deshacernos de una concesión que se dio en su momento”.
Pastor mencionó que “hay que revisar cómo se dio esa concesión y revisar los contratos, creo que la administración ha demostrado repetidas veces una disposición de diálogo”.
La comisión gubernamental se encargará se realizar auditorías técnicas y de niveles de servicio, auditoría fiscal y legales. No se dejó en claro si el gobierno absorberá el aumento que se aplicó por 24 horas el pasado 15 de enero.
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¿Qué analizará la comisión de auditoría?
Según lo comunicado por la SIT, de llegar a pactarse la conformación de la comitiva por las distintas instituciones antes mencionadas, tendrá la tarea de realizar una auditoría técnica y en los niveles de servicio, una auditoría fiscal y una legal, que permitan tomar las mejores decisiones en cuanto a la continuidad del convenio o la transformación de los acuerdos.
Según sostuvo Mauricio Ramos, la propuesta para la creación de la junta auditora está enmarcada en la cláusula 18.12 del mismo contrato de concesión, la cual establece que “todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del contrato o caducidad de la concesión, sean resueltos, en la medida de lo posible, mediante arreglo directo entre las partes”.
Sin embargo, el funcionario no fue claro al responder si Covi aceptó que se haga la auditoría o si presentó una contrapropuesta, únicamente mencionó que sus representantes han dicho que se sienten “fuertemente afectados” con la ordenanza de Castro de no aplicar el aumento a la tarifa y los señalamientos de incumplimiento contractual.
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