Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, dijo que él no tiene información sobre una avioneta cargada con cocaína que habría aterrizado en territorio hondureño durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, en enero de 2022.
Las declaraciones de Hernández surgen luego de que el exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, Jesús Romero, asegurara que una aeronave con matrícula FAH 080 habría llegado al municipio de San Esteban, Olancho, el mismo día en que la mandataria asumió el poder. Romero afirmó además que la avioneta estaría vinculada a la red de la narcotraficante estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin y que actualmente estaría siendo utilizada por la Fuerza Aérea Hondureña.
Al respecto, Hernández aclaró que para esa fecha él no desempeñaba el cargo que ocupa en la actualidad, por lo que no tenía acceso a información directa sobre los hechos mencionados. Sin embargo, enfatizó en que cualquier investigación debe ser realizada por las instituciones competentes.
“Que el Ministerio Público de Honduras y también el de Estados Unidos hagan su trabajo. Todos los que hemos ocupado cargos de relevancia sabemos a qué nos atenemos”, expresó el jefe castrense a TN5 Matutino.
El alto mando militar también explicó que existe un procedimiento legal para el uso de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico. Según detalló, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) puede transferir aeronaves, vehículos o propiedades al Estado, con el fin de que se utilicen en actividades oficiales y en beneficio de la ciudadanía.
En ese sentido, señaló que no sería extraño que alguna avioneta decomisada en el marco de operaciones antidrogas pasara a manos de la Fuerza Aérea Hondureña, ya que la normativa vigente lo permite.
Aunque Hernández desestimó las declaraciones de Romero. Este tema ha generado debate público sobre el control y la transparencia en el manejo de bienes confiscados al crimen organizado, así como sobre la presunta utilización de aeronaves ligadas a estructuras criminales dentro de la flota oficial.
