TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 'Los secretarios de Estado, subsecretarios, diplomáticos, cuerpo consular, juntas directivas, secretarios sin carter; todo este personal no tiene derecho al pago de auxilio de cesantías porque sus funciones son de confianza', manifestó este jueves
Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Solórzano realizó un análisis jurídico en el que concluye que ' es improcedente' el pago de indemnizaciones que está realizando el gobierno a los funcionarios salientes.
Solórzano realizó un análisis jurídico en el que concluye que ' es improcedente' el pago de indemnizaciones que está realizando el gobierno a los funcionarios salientes.
VEA: Ministros, viceministros y gerentes serán beneficiados con indemnizaciones millonarias (Fotos)
ADEMÁS: Gobierno electo denuncia que administración saliente otorga permanencia a empleados por contrato
El representante de la empresa privada confió a EL HERALDO que estos funcionarios desde el momento que aceptan el cargo saben que el presidente de la República o cualquier secretario de Estado puede removerlos libremente.
'Entonces no se dá una condición que es inherente al pago del auxilio de cesantía porque ellos no tienen estabilidad laboral, así que desde el análisis que hemos hecho esto es totalmente improcedente', reiteró Solórzano.
ADEMÁS: Hasta colaboradores de funcionarios recibirían guardia con nueva ley de protección
El abogado explicó que dentro de la jerarquía normativa de las leyes administrativas, la disposición establecida en el artículo 129 para el ejercicio fiscal del 2022, está por debajo de la Ley del Servicio Civil. Por lo tanto, los funcionarios que reciban esas indemnizaciones pueden llegar a tener una responsabilidad civil, es decir que pueden devolver esos recursos. 'Quien los aprobó también puede tener una sanción administrativa, con la que pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos', agregó.
Además, hay responsabilidad penal que deberá revisar el Ministerio Público, explicó.
'Le hacemos un llamado a los funcionarios que se encuentran dentro de esa categoría de servicio excluido a que no reciban (ese pago) porque es una injusticia contra el pueblo hondureño, contra los que pagamos los impuestos para fines de carácter social y no para estar lucrando a funcionarios cuando la labor de ellos era de servicio y personal de confianza de la presidencia de la República ', manifestó el representante del sector privado.
Solórzano espera además que el próximo 25 de enero cuando asuma el nuevo Congreso Nacional se deroge, principalmente el segundo párrafo del artículo 129, ya que si no es así Honduras sería el único país del mundo en donde se estaría cesanteando a altos funcionarios del Estado.
VER AQUÍ: Análisis jurídico sobre pago de indemnizaciones laborales a funcionarios del Servicio Excluido
