Tegucigalpa, Honduras.-La Fiscalía de Honduras ya solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos la asistencia jurídica relacionada con el narcovideo en el que aparece el exdiputado, Carlos Zelaya, negociando sobornos con grandes capos de la droga.
Los fiscales solicitaron el video de 34 minutos en el que “Carlón” Zelaya aparece reunido con Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, cabecillas de “Los Cachiros”; Juan Ramón Matta Waldurraga; Carlos “El Negro” Lobo; Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”; el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, y el exdiputado de Libre, Carlos Muñoz, según confió a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Asimismo, requirieron las transcripciones de juicios de hondureños, testimonios de testigos clave de la Fiscalía y otras pruebas que pueden ser útiles para la investigación que tiene en curso el MP.
“El Ministerio Público está a la espera de que el Departamento de Justicia entregue la información”, informó la fuente.
El narcovideo forma parte de un legajo de pruebas entregadas por Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, cabecillas del cártel de “Los Cachiros”, a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) una vez que se rindieron voluntariamente y determinaron salpicar en el narcotráfico a toda una estructura política de los Partido Liberal, Partido Nacional y partido Libertad y Refundación (Libre).
¿Quién grabó el narcovideo?
Fue Devis Leonel quien, utilizando una cámara espía, grabó el video que, hasta ahora, no ha sido presentado en los juicios contra capos de la droga, narcopolíticos y narcopolicías que se desarrollan en Nueva York.
En el video, antes de que llegue “Carlón” a la cita, los narcotraficantes acuerdan entregarle 650,000 dólares (unos 13.3 millones de lempiras al tipo de cambio en 2013) para financiar la campaña política de Libre.

Devis Leonel y Javier Rivera aportaron 150,000 dólares cada uno; “El Negro” Lobo ofrece 200,000 dólares; Matta Waldurraga contribuye con 100,000 dólares, y “Don H” con 50,000 dólares.
Cerrado el acuerdo con los narcos, “Carlón” Zelaya dice que: “La mitad que sea para el comandante”.
El resto iría para la campaña, asegura.
El resto sería para la campaña, asegura. “Ya eso sería entre ‘Mel’ con ustedes”, le responde “El Cachiro”.
El fiscal general, Johel Zelaya, reconoció la existencia del video y dijo que “vamos a analizar que pasó después de ese video”.
Narcovideo estremeció la cúpula de poder
La revelación del narcovideo por el portal Insigh Crime, estremeció las redes del poder político.
Justamente antes de su divulgación, “Carlón” Zelaya se presentó voluntariamente a la Fiscalía para rendir una declaración en la que admitió la autenticidad de la reunión con los capos de la droga.
En seguida, Carlos Zelaya renunció a su cargo como secretario del Congreso Nacional y como coordinador del Movimiento 28 de junio de Libre.

El narcovideo también obligó a la renuncia de José Manuel Zelaya, hijo de “Carlón”, quien se desempeñaba como secretario de Defensa.
En medio del narco escándalo, la presidenta Xiomara Castro, denunció el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que ha permitido luchar contra el narcotráfico y que ha facilitado la entrega de alrededor de 50 hondureños implicados en el tráfico de cocaína y fentanilo.
¿Qué es una asistencia jurídica?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) puntualiza que la asistencia judicial en materia penal es un proceso mediante el cual los Estados buscan y proveen asistencia a otro Estado al proporcionar documentos judiciales y recopilar evidencia para su uso en casos delictivos.
La herramienta tradicional de la asistencia judicial ha sido la comisión rogatoria, una solicitud formal de la autoridad judicial de un Estado a la autoridad judicial de otro Estado, en la cual se le pide a la autoridad solicitada realizar una o más acciones específicas, usualmente reunir pruebas y entrevistar a testigos, en nombre de la autoridad judicial solicitante.
“Estas solicitudes son convencionalmente transmitidas por medio de canales diplomáticos. Después de que el fiscal prepara la solicitud, esta es autentificada por el tribunal nacional competente del Estado solicitante y luego es entregada por medio del ministerio de asuntos exteriores del Estado solicitante a la embajada del Estado requerido”, subraya la UNODC.
Es decir que la Embajada de Honduras en Estado Unidos envía la solicitud a la autoridad judicial competente del Estado requerido y una vez completada la solicitud, la secuencia se revierte.