Tegucigalpa, Honduras.- Debido a que el Ministerio Público (MP) no entregó la totalidad de las fotocopias en las que se detallan los medios de prueba, un juez suspendió este martes 5 de agosto la audiencia inicial en el caso en el que se involucra a siete exfuncionarios públicos.
Se trata de la adjudicación y suscripción de contratos, fraudulentos según el MP, entre el Estado de Honduras y las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), propiedad de la familia Rivera Maradiaga, quienes integraron el cartel Los Cachiros, y la Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (Tecnisa), para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en zonas del departamento de Colón.
Además, consta en el expediente investigativo la acusación para el entonces líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga -preso en Estados Unidos por narcotráfico-, Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, vinculados a la empresa Inrimar.
Entre los involucrados están: Hugo Alfredo Ardón Soriano, director del Fondo Vial, José Efraín Peñalba Lizardo, exsubgerente de esa institución estatal, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, Walter Noé Maldonado Maldonado (actual diputado del Parlamento Centroamericano), Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazonni, todos exfuncionarios del Fondo Vial.
Sin los documentos
El diputado del Congreso Nacional, Mario Pérez, apoderado legal del diputado del Parlacen, Walter Maldonado, explicó que "se inició la audiencia inicial pero se tuvo que suspender a petición de las partes, en virtud de que el Ministerio Público, cuando presentó este requerimiento fiscal acompañó 35 tomos de documentos".
Siguió: Todas las defensas hace mucho tiempo solicitamos las fotocopias de los mismos, pero ha sido imposible reproducir en su totalidad esta documentación. A nosotros, de los 35 tomos sólo nos han dado 14 tomos en copias y no hemos tenido al resto de papeles para estudiarlos y preparar una defensa técnica".
Tomando en consideración ese inconveniente, el juez reprogramó el desarrollo de la audiencia, contando con la venia del representante de la Procuraduría General de la República (PGR) y del fiscal del Ministerio Público.
La cita judicial se retomará el próximo 20 de agosto, a las 10:00 de la mañana, en los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, en la sede del Palacio de Justicia.
"Sin tener todos las papeles, ningún abogado puede preparar bien un juicio. Ocupamos revisar todas las pruebas que haya presentado el fiscal", argumentó Pérez.
