La Fiscalía contra la Corrupción requirió ayer a la presidenta del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad Sampedrana, Ana María Ríos, luego de que miembros denunciaran ante el Ministerio Público que durante 16 años la directiva no ha rendido informes financieros.
La semana anterior acudieron al Ministerio Público varios miembros del Sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula a denunciar a Ana María Ríos y Ada Esperanza Muñoz Torres, presidenta y tesorera, respectivamente, por no rendir informes sobre el uso de los fondos.
Fiscales, miembros del Ejército y agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) llegaron al edificio del sindicato municipal buscando a la presidenta, pero al no encontrarla se desplazaron al asilo de ancianos Perpetuo Socorro en el barrio Medina, donde labora; ahí la requirieron y los acompañó al sindicato, donde intervinieron esa sede.
Las autoridades ingresaron a una oficina en la cual revisaron y sustrajeron varios documentos, así como una computadora de escritorio.
Los delitos
A Ríos, que además es la directora del asilo de ancianos, el Ministerio Público la investiga por supuestos actos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
“La denuncia fue contra las señoras Ana María Ríos y Ada Esperanza Muñoz, ambas dirigentes del sindicato de la municipalidad, donde desde hace 16 años ninguna de las dos ha entregado informes que especifiquen el uso de los fondos que cada uno de los empleados municipales paga como cuota al sindicato. Al no existir un registro o una auditoría, la Fiscalía está en la obligación de investigar para establecer o descartar estos supuestos actos de corrupción”, expresó Elvis Guzmán, portavoz en la zona norte del Ministerio Público.
Guzmán explicó que se requirió a la funcionaria municipal para que entregara los documentos solicitados por el órgano acusador del Estado.
“Lo que se busca es localizar al contador general del sindicato, que es Armando Muñoz, lamentablemente hermano de la señora Ada Muñoz, a quien también se le va a requerir. Las investigaciones van arrojando estos elementos para determinar si se presenta o no requerimiento fiscal o se ordena una captura”, declaró el portavoz.
Al parecer, dentro del sindicato municipal hay acciones irregulares porque no han entregado cuentas de los fondos que mensualmente se reciben.
El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad Sampedrana está formado por 2,500 personas, quienes aportan mensualmente 100 lempiras, es decir que al año suman tres millones y, según la Fiscalía, al multiplicar esta cifra por los 16 años que Ríos y Muñoz no han rendido cuentas la cifra sube a 48 millones de lempiras.
Ocho cuentas congeladas a “la jefa”
Todos los funcionarios públicos que devengan un salario arriba de 30 mil lempiras mensuales deben hacer una declaración jurada de sus bienes todos los años al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Ada Muñoz no lo hizo y es por ello que el Ministerio Público la acusa de enriquecimiento ilícito.
Hasta la fecha a la “jefa”, sobre quien pende una orden de captura internacional con alerta roja, tiene congeladas ocho cuentas bancarias millonarias y 12 tarjetas de crédito oro y platinum.
Además, se le han asegurado dos casas, una en el barrio Barandillas donde residía Ada Esperanza Muñoz y la otra en la que vivía su hijo Douglas Hernández.
Otros bienes
También le aseguraron un lote de joyas de oro con incrustaciones de piedras preciosas valoradas en un millón de lempiras, según el informe que emitió a la Fiscalía contra la Corrupción el perito joyero que juramentó el juzgado.
Los bienes han pasado a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
