Florida, Estados Unidos.-La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una condena de 10 años de prisión para el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, acusado de lavar sobornos vinculados a contratos del gobierno de Honduras.
La sentencia será dictada el próximo 31 de octubre de 2025 en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, a cargo de la jueza Jacqueline Becerra.
De acuerdo con el memorando de sentencia presentado por el Departamento de Justicia, Cosenza “abusó de su posición de confianza dentro del gobierno hondureño” al recibir sobornos de empresarios estadounidenses y canalizar esos fondos a cuentas bancarias en el extranjero y en el sur de Florida, utilizando empresas fantasma registradas a su nombre.
La Fiscalía sostiene que el exfuncionario formó parte de una red de corrupción y lavado de dinero entre 2015 y 2019, junto a los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena.
Durante ese período, la empresa de Zaglin obtuvo contratos por más de 10 millones de dólares a través de la Tasa de Seguridad Poblacional, destinados a la compra de uniformes y equipos para la Policía Nacional de Honduras.
A cambio, Cosenza habría recibido sobornos por al menos 188,338 dólares, depositados en cuentas que él controlaba, y se habría beneficiado con artículos de lujo, incluidos relojes personalizados enviados a Florida.
El documento judicial señala que incluso existían planes para desviar más pagos mediante la intermediación de su hijo.
Cosenza fue extraditado el 4 de abril de 2024 y compareció ante la Corte Federal de Miami cinco días después.
El 13 de agosto de 2025, se declaró culpable de realizar transacciones con bienes derivados de actividades delictivas, delito previsto en el Título 18, Sección 1957 del Código de Estados Unidos.
La Fiscalía calcula un Nivel Total de Ofensa de 32 puntos, con un rango de 121 a 151 meses de prisión, aunque la pena máxima por ley es de 120 meses (10 años). Por eso, los fiscales estadounidenses solicitan la pena máxima, argumentando que el acusado “se aprovechó de su cargo público para lucrarse y socavar la confianza ciudadana en las instituciones hondureñas”.
El documento añade que, pese a la gravedad del delito, Cosenza cooperó con las autoridades y aceptó responsabilidad, por lo que la Fiscalía presentará una moción de reducción de pena bajo la Sección 5K1.1 de las Guías Federales de Sentencia, lo que podría reducir su castigo.
