La Fiscalía de Derechos Humanos investiga por qué las autoridades de la Secretaría de Seguridad no separan a los policías que fueron aplazados en las pruebas de confianza.
Para el caso, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que fueran separados de inmediato oficiales y agentes por haber reprobado las pruebas de confianza. Sin embargo, de este primer listado solo fueron separados siete.
La Ley Especial para la Depuración Policial, enmarcada en el artículo 2, numeral 1, párrafo segundo del Decreto Legislativo No.89-2012, establecía: “Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por EL HERALDO, de los 33 agentes de la Policía Nacional, entre ellos 32 oficiales y un policía clase III, que no aprobaron las pruebas de confianza y que el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Carlos Bonilla Valladares, envió el oficio DGPN 1719-2012 al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el pasado 19 de septiembre, solo siete oficiales fueron separados, tal como lo establecía la ley, es decir que 26 de ellos aún siguen en la institución y gozan de todos sus beneficios.
En total, por la aplicación del Decreto Legislativo 89-2012, la DIECP emitió resoluciones que afectaban a 230 miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, se conoció que muchos oficiales que no habían aprobado las pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo o detector de mentiras, continúan en la institución y algunos de ellos ocupan cargos de dirección.
Investigación
Lo anterior llamó la atención de las autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos.
“Sí, pienso que la consulta será tan amplia para que nosotros podamos no interrumpir ningún proceso que se esté llevando a cabo, de hecho la intención y la ley nos ordena que impulsemos el respeto de la ley y las formas en que se materialice”, expresó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
“Únicamente es informarnos de manera concreta qué marco lógico y de manera legal está siguiendo la Secretaría de Seguridad con relación a cada una de estas posibilidades”, agregó el fiscal. Se estaría constatando si existe o no una violación a los deberes de los funcionarios.
No solo están activos policías que reprobaron pruebas de confianza, existen otros que hasta fueron condenados por delitos y con auto de prisión.
En la Fiscalía se tiene conocimiento de policías con autos de prisión y un caso particular que tiene sentencia condenatoria, que se encontraban aún activos y con un rol de responsabilidades bastante amplio, expresó el fiscal.
Asimismo, existen denuncias de policías que habían aprobado las famosas pruebas de confianza y no habían sido considerados para promociones o habían sido, mas allá de eso, puestos a disponibilidad, extraídos prácticamente de la institución.
Rendir cuentas
La semana anterior las autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos se reunieron con las de la DIECP para abordar y coordinar temas relacionados a la investigación a policías.
Específicamente, Enamorado puntualizó casos, como los anteriormente señalados, con el subdirector de la DIECP, Mario Chinchilla. “Quedamos en puntualizar estos aspectos por escrito, para que ellos (la DIECP) pudieran decirnos que en el ámbito de sus competencias ellos han planteado a la autoridad correspondiente, para que a su vez se responda sobre estos aspectos”, informó Enamorado. “Es una situación que debemos verificar y no especular”, agregó.
La Fiscalía indaga si efectivamente se están dando situaciones irregulares en Seguridad, como las anteriormente apuntadas, o si la normativa permite excepcionalidades.
Tal es el caso de lo expuesto por las autoridades de la DIECP, que varios policías no aprobaron pruebas de confianza y recomendaron sean separados de la Policía, sin embargo, en Seguridad los mantienen activos. “Ese es un aspecto interesante, como Fiscalía manejamos procesos donde hay servidores donde se les ha dictado auto de prisión y queremos conocer de la autoridad del ramo qué es lo que a hecho dentro del procedimiento interno, con relación a las personas a las que pesa un proceso judicial, con auto de prisión”, remarcó el fiscal. Al respecto, Enamorado aseguró que contra quienes pesen procesos penales, con auto de prisión o sentencias condenatorias, estas personas debieran ser, según la normativa, suspendidos de sus cargos.
El fiscal prefirió no detallar los casos que investiga la Fiscalía, sí garantizó que próximamente brindará un informe. Por su lado, la DIECP conocerá caso por caso de los miembros de la Policía Nacional de quienes se solicitó su separación inmediata y que siguen en la institución.
Sin pretextos
Paradógicamente, sí fueron destituidos cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por decir que la Ley de Depuración de la Policía era inconstitucional.
Tras separar a Antonio Gutiérrez, Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz, el pasado 12 de diciembre, se dijo que la depuración de la Policía no la detendría nadie. Sin embargo, poco o nada se a hecho al respecto. Existe una nueva ley de depuración aprobada por el Congreso Nacional, hace falta que se cumpla.
