Tegucigalpa, Honduras.-Aunque la campaña política ya está en marcha, la Secretaría de Finanzas (Sefin) aún no ha realizado la transferencia de 30 millones de lempiras para la operatividad de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
La falta de presupuesto evidencia la falta de compromiso del oficialismo con la transparencia, la fiscalización de las campañas y la rendición de cuentas, lo que abre una puerta peligrosa para que el narcotráfico financie las campañas.
Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente de la UFTF, durante una entrevista a EL HERALDO dijo que todavía siguen a la espera de la liberación de los fondos.
¿La Secretaría de Finanzas ya les desembolsó los recursos para realizar el proceso de fiscalización a los candidatos que van a participar en las elecciones primarias?
“Lamentablemente al día de hoy seguimos a la espera de los desembolsos de este presupuesto por parte de las autoridades de la Secretaría de Finanzas, que son 30 millones de los 110 millones de lempiras que fueron aprobados por el Congreso Nacional, como presupuesto especial para las elecciones primarias 2025”.
¿Esos recursos fueron aprobados por el Congreso Nacional?
Desde hace más de tres meses, fue presentada a la ciudadanía la planificación estratégica para la ejecución del presupuesto especial Elecciones Primarias 2025 donde se contemplan los cuatro ejes fundamentales en los cuales vamos a llevar a cabo la fiscalización, pero esto viene a la par de tener los recursos, que fueron aprobados por los diputados del Congreso Nacional en el mes de diciembre y en ese mismo mes fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
¿Elpresupuesto para la Unidad de Política Limpia está dentro del Presupuesto General de la República?
Los recursos, al ser un presupuesto especial, goza de una aprobación distinta al Presupuesto General de la República, ya que es exclusivamente para uso de las Elecciones Primarias 2025.
Posteriormente, habrá que presentar por parte de la UPL el Proyecto de Elecciones Generales, para la fiscalización de las elecciones que tendremos en el mes de noviembre.
Y esto, no limita a la UPL para que en el presupuesto general tengamos el presupuesto ordinario de la función que realiza la Unidad en el periodo fiscal de enero a diciembre de 2025.
¿Qué había determinado la Secretaría de Finanzas después que se les aprobó los 110 millones en el Congreso Nacional?
Se había determinado por parte de la Sefin que se haría un primer desembolso de 30 millones de lempiras, por lo que quedaría una diferencia de 80 millones, por lo que los comisionados de la UFTF esperan que no tengan el retraso que está teniendo la primera transferencia, en vista de que complicaría la función fiscalizadora que tiene la Unidad de Política Limpia en las próximas elecciones primarias.
En este momento estamos trabajando con el presupuesto ordinario, que no es lo correcto. Debido a eso, desde hace más de nueve meses se envió el proyecto de presupuesto especial al Congreso Nacional.
¿La Unidad cuenta con apoyo de alguna organización internacional para realizar el trabajo?
La Unidad de Política Limpia cuenta con el apoyo de la cooperación internacional, la Unión Europera a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el proyecto EuroElec-H ha colaborado con la UPL.
De igual manera, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha dado asistencia técnica en aspectos de capacitación, talleres y la implementación de sistemas y tecnologías que ayudarán a la fiscalización de la Unidad de Politica Limpia.
¿Por qué Finanzas no realiza el desembolso de los 30 millones de lempiras?
A simple vista está de que hay una tremenda desaceleración burocrática cuando corresponde a los desembolsos de la Unidad, esperamos de que puedan resolverlo pronto las autoridades de Finanzas, para que no se de en lo que resta del proceso electoral y mucho menos en las elecciones generales que es lo más importante aún.
¿Hubo inconvenientes al presentar la documentación a Sefin?
Nosotros al ser un ente adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) tenemos que dar una vuelta burocrática a través del CNE y hubo un retraso de más de cinco meses por errores de comunicación entre Sefin y el CNE, que complicó que llegara al Congreso Nacional el presupuesto. Hoy se encuentra nuevamente en Finanzas este proyecto y esperamos que remitan lo antes posible a las cuentas del CNE los fondos en donde tenemos la certeza que le van a dar la celeridad administrativa.
¿Qué se espera de manera inmediata por parte de ustedes como comisionados?
En la Unidad de Política Limpia estamos a la espera que la Tesorería General de la República haga los desembolsos, pues los F01 fueron enviados y están listos debido a que todos los trámites administrativos fueron presentados desde hace varias semanas, por lo que pedimos a las autoridades de la Secretaría de Finanzas dar la celeridad administrativa que corresponda.
¿Si no se realiza el proceso de fiscalización de manera correcta en los procesos electorales, se allana el camino para que grupos ilícitos hagan aportes a las campañas políticas?
Yo creo que se estaría allanando el camino a la transparencia, a la rendición de cuentas, estos atrasos. Pues la UPL ya cuenta con mecanismos para cuantificar el gasto de muchos precandidatos, especialmente en televisión, en radio y ahora en redes sociales.
¿Qué otras acciones se realizarán al contar con el presupuesto asignado?
Hay un mecanismo que se puede implementar con el presupuesto que son las auditorías insitu, en la concurrencia que manda la ley, ya que de deben desplezar equipos fiscalizadores a los diferentes departamentos y municipios para que puedan validar, verificar y cuantificar las actividades que están realizando los precandidatos.
Eso con el objetivo de que al momento de rendir cuentas, poder verificar si lo que reporta el candidato coincide con la información que ya tiene la Unidad.
También de esta manera tener nosotros la certeza de que los fondos que utilizaron ellos, son fondos de origen cierto, de origen lícito.
¿A la fecha cuantos precandidatos a cargos de elección popular han acreditado las cuentas bancarias a la Unidad que usted dirige?
Hasta la fecha, solo han acreditado las cuentas bancarias 133 sujetos obligados de los 6,210 precandidatos a cargos de elección popular, lo que representa el 3.2 por ciento.
La primera fase de la fiscalización que se le realiza a los precandidatos es la acreditación del responsable financiero y de las cuentas bancarias con las que van a trabajar.
¿Esperan que los candidatos lleguen a acreditar las cuentas que han sido aperturadas en el sistema bancario?
“Sabemos que hay candidatos que ya aperturaron cuentas pero no la han acreditado ante la UPL y esperamos que la traigan en los próximos días y también sabemos que muchos precandidatos tienen dificultad para aperturar cuentas por “X” o “Y” motivos y es por eso que el pleno de comisionados se reunió con representantes de la Asociación Hondurena de Instituciones Bancarias (AHIBA) y representantes de los 14 bancos, para poder retroalimentar con la información y facilitar aún más la apertura de cuentas bancarias.
¿De qué nivel electivo han llegado a reportar las cuentas bancarias?
Los candidatos que han aperturado cuentas y las han reportado a la Unidad de Política Limpia son candidatos de los tres niveles electivos; precandidatos a diputados, presidenciables y a corporaciones municipal.
¿Los que no reporten la apertura de cuentas se exponen a ser sancionados?
La Unidad en el momento que corresponda aperturará expediente tanto de acreditación como de rendición de cuentas de los informes que deberán ser presentados ante la Unidad y en el momento dado aperturaremos expedientes sancionatorios a los que incumplan la normativa.
¿Qué va a pasar con los que no cumplan con lo que establece la ley?
Bajo el principio de transparencia y mayor divulgación, la UPL estará haciendo de conocimiento de la ciudadanía el comportamiento que tienen los partidos políticos, los movimientos y sus precandidatos, para que el pueblo hondureño sepa quienes son transparentes y quienes no.
¿Por qué no se obliga a los candidatos a designados, candidatos a diputados suplentes y regidores a que aperturen cuentas bancarias?
Se considera sujetos obligados dentro de la planilla presidencial solamente al candidato a la presidencia y no a sus designados ni a diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En el caso de los precandidatos a diputados, solamente abarca al candidato propiertario y no al suplente y en el caso de la Corporación Municipal abarca solamente al candidato a alcalde y no al candidato a vicealcalde ni a los regidores.
¿A qué se debe que no son incorporados?
Esto se debe a que es un mecanismo de seguridad que se hace para tener un mejor control del flujo del efectivo que se va a invertir en la campaña electoral, para que no haya terceros pidiendo fondo para un candidato y que este fondo no llegue al candidato.
También, es un mecanismo que le da garantía al aportante de la contienda electoral, ya sea una persona natural o jurídica de que el aporte que está dando, realmente se lo está dando a un precandidato.
¿Y se podría auditar a todos los precandidatos?
Eso también se ha tomado en consideración para que exista capacidad por parte de la UPL de fiscalizar a estos 6,200 sujetos obligados, porque de no hacerlo de esa manera no serían 6,200 sino que 47,000 y con las imposibilidades burocráticas que hay y el apoyo a cuenta gotas en temas como el presupuesto, dificultaría aun más la labor de la UPL.
¿En la actualidad hay aportantes en las campañas políticas?
Sí los hay. Los aportantes son personas jurídicas, es decir empresas. Los empresarios no solamente le aportan a un partido.
Muy probablemente los empresarios le aportan al diputado que está más cercano al poder, al candidato alcalde del municipio de donde viven y después le aportan a los candidatos de los que ellos ven la posibilidad de llegar a una curúl en caso de una diputación o alcaldía.
Los aportes se dan de distintas maneras y depende mucho de la capacidad que tenga una empresa.
Y en estos casos, ¿la Unidad cómo realiza el proceso de fiscalización?
La UPL como mecanismo de auditoría documental, enlaza sistemas con el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para verificar si la persona realmente existe y en el caso del SAR para ver si la empresa existe y está legalmente constituida y tiene la capacidad o no de aportarle a un candidato.
Esto es un mecanismo que garantiza certidumbre a la Unidad de que los aportes son legítimos y también un mecanismo de transparencia para que no haya dudas en cuanto a quién está financiando la campaña de un candidato.
¿Qué esperan ustedes como pleno de comisionados?
Como comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, esperan que el desembolso de 30 millones de lempiras se haga lo más pronto posible, pues hemos recibido notificación de manera informal que muy probable el 22 de enero se reciban los fondos de la Secretaría de Finanzas.
¿Qué pasará con los funcionarios públicos que aspiran a ocupar cargos de elección popular y que participan en las elecciones primarias?
En cuanto a los funcionarios que están en cargos públicos y que no han renunciado, la ley electoral dice que no podrán participar en los procesos electorales, las personas que estén en un cargo público dandoles la oportunidad de que dejen ese cargo seis meses previo al proceso de elecciones generales.
Entonces, ese artículo no aplica para las elecciones primaria, estaríamos a la espera de ver que opinión le merece a los consejeros del CNE quienes son los facultados para esa vigilancia”.
¿Y en el caso específico de Rixi Moncada, ministra de Defensa y que es candidata de uno de los movimientos de Libre?
Allí entran temas éticos y morales que lamentablemente los manchan con elementos políticos y deberá ser la sociedad quien determine si favorecer o no a estas personas con el voto.
¿Qué mensaje le envía a la clase política de nuestro país?
Que deben de ser transparentes y que deben de rendir cuentas ante la Unidad y al pueblo hondureño, que tenga la certeza de que este pleno de comisionados está determinado a cumplir lo que demanda la ley dentro de las facultades que nos permite a nosotros mismos.