Tegucigalpa, Honduras.- Tres exjuezas del Poder Judicial, deberán de someterse nuevamente a la justicia; así lo ordenó una Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, la que resolvió un recurso interpuesto por el Ministerio Público (MP).
Se trata de las exjuristas del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Zoila Rosa Hernández Velásquez, Ruth Anabella Cruz Zamora y Telma Aracely Cantarero Benítez; dos de ellas ya jubiladas del Poder Judicial y una tercera todavía es parte del sistema judicial, pero en otro cargo.
El 15 de enero de 2025, las tres abogadas de profesión fueron absueltas, luego que un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, les dictara el sobreseimiento definitivo, sobre la causa legal que las había arrimado a esos tribunales de justicia, acusadas de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que "la Corte de Apelaciones, ha resuelto el recurso de apelación que fue presentado ante este órgano y la parte resolutiva indica: que se declara ha lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, se declara ha lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República y declara ha lugar el recurso de apelación presentado por la defensa que representa el señor Omar Alberto Cárdenas Gómez".
Por lo tanto, es judicatura revocó lo resuelto el pasado 15 de enero del año 2025 por el juez de letras en la audiencia inicial. Silva puntualizó que "ordena que se dicte el auto de formal procesamiento a Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velázquez y Ruth Anabella Cruz Zamora, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios".
Antecedentes
Acatando esa determinación de la Corte de Apelaciones, el juez de letras que conoce la causa deberá de convocar a una audiencia ad hoc, con la finalidad de informar a las tres acusadas que se ha revocado el sobreseimiento y que en su contra se ha dictado un auto de formal procesamiento.
En esa audiencia se va a dar a conocer qué tipo de medida se les dictará, si es una prisión preventiva o medidas cautelares distintas a la prisión, aunque ellas podrán presentar el recurso de apelación que consideren, y van a continuar en la siguiente etapa procesal que será la audiencia preliminar.
Las imputaciones del ente acusador del Estado surgieron a raíz de la presunta omisión de las exjuristas en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, en el sonado caso de disputa de una propiedad, entre el barrio El Chile y la colonia Cerro Grande, en la capital de la República.
De acuerdo al requerimiento fiscal, las exjuezas habrían ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se ejecutó de manera irregular, afectando los derechos de muchas familias.
Las investigaciones del MP, detallan que las anomalías en el proceso legal iniciaron cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que los tribunales civiles debían resolver la disputa sobre el derecho de propiedad, en el año 2008.
