San Pedro Sula, Honduras.- La falta de resolución de dos recursos de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes del 29 de mayo de 2026 podría abrir la puerta para que la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez recupere su libertad, en medio de un proceso judicial por supuestos delitos vinculados al desvío de fondos del Banco Central de Honduras (BCH).
La Sala quinta del Tribunal de Sentencia manifestó este lunes su preocupación ya que a la fecha aún no son resueltas dos acciones de amparo que la defensa de la exfuncionaria interpuso.
La decisión sobre estos recursos es clave, ya que el vencimiento de la medida de prisión preventiva está previsto para finales de mayo, el viernes 29 de mayo, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del proceso bajo detención.
La situación se complica debido a la paralización que ha venido enfrentando la Sala de lo Constitucional en las últimas semanas. Este estancamiento surgió tras la denuncia presentada por la magistrada Rebeca Ráquel Obando para asumir la presidencia de la CSJ, lo que derivó en su sustitución por Wagner Vallecillo y dejó incompleta la integración de la Sala.
La falta de magistrados impidió avanzar en la resolución de casos pendientes, incluyendo los recursos interpuestos en favor de Medina Martínez. No obstante, en días recientes se designaron de manera temporal tres magistrados con el objetivo de reactivar las funciones de la Sala y evitar mayores retrasos en la administración de justicia.
En el caso de la exfiscal, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula mantiene en suspenso la audiencia para dar a conocer el fallo, precisamente a la espera de que la Sala de lo Constitucional resuelva los amparos pendientes.
Francia Sofía Medina Martínez, conocida como "la barbie fiscal" enfrenta acusaciones por delitos como lavado de activos, sustracción, destrucción y ocultamiento de documentos en custodia, uso de información privilegiada y más de 40 cargos por falsificación de documentos públicos, en un caso que ha captado la atención pública por la magnitud de los fondos presuntamente sustraídos del BCH.
Especialistas consultados señalan que, de no emitirse un fallo antes del vencimiento de la prisión preventiva, la imputada podría recuperar su libertad bajo las condiciones que determine el órgano jurisdiccional, lo que añade presión a la Sala de lo Constitucional para resolver en el plazo establecido.
Mientras tanto, el Poder Judicial asegura que se están realizando los esfuerzos necesarios para garantizar la continuidad del proceso y evitar que la falta de integración de la Sala retrase decisiones clave en casos de alto impacto.
