Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, (TJE), Mario Morazán, compareció este jueves ante el pleno del Congreso Nacional para presentar su defensa en el juicio político en su contra, en el que es señalado de obstaculizar el proceso electoral de 2025 en Honduras.
Morazán inició su intervención a las 5:09 de la tarde, tras presentarse media hora después del plazo ampliado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien había extendido la convocatoria hasta las 4:30 p. m.
El funcionario fue el único de los cuatro señalados que acudió a rendir declaración, pues junto a él fueron enjuiciados Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Durante su comparecencia, Morazán cuestionó la legalidad del proceso y afirmó que el procedimiento de juicio político en Honduras "no satisface los estándares internacionales", en referencia a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cuestionamientos a la ley y estándares internacionales
En su intervención, Morazán sostuvo que la normativa que regula el juicio político presenta vacíos y ambigüedades. “La Corte ha señalado que las causales de destitución de la ley de juicio político son malas e imprecisas”, afirmó, al tiempo que advirtió que la falta de garantías podría permitir “ceses arbitrarios”.
El magistrado indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado hondureño a adoptar medidas legislativas y administrativas para adecuar el procedimiento a estándares internacionales, incluyendo garantizar procesos objetivos, imparciales y con causales claramente definidas.
Asimismo, defendió su condición de juez electoral y señaló que, aunque no es inmune, cualquier sanción debe basarse en un proceso con garantías.
“No soy inmune, pero tienen que haber causales claramente establecidas. No vagas, ni imprecisas. Tiene que haber un proceso con garantías, un proceso objetivo e imparcial”, enfatizó.
Denuncias de irregularidades y ambiente en el pleno
Morazán también describió tensiones durante su comparecencia, incluyendo llamados al orden en el hemiciclo y reclamos por interrupciones. En ese contexto, reiteró críticas al desarrollo del proceso y a la comisión que instruyó el juicio político.
Afirmó que fue convocado a partir de una denuncia inicial, pero luego interrogado sobre temas no relacionados. Además, cuestionó la negativa a permitirle contrainterrogar testigos, lo que -según dijo- evidencia fallas en la ley.
El magistrado suspendido señaló que el informe final, de más de 180 páginas, le fue entregado con poco tiempo para su revisión. “Lo mínimo es que ese informe me lo hubieran dado con 24 horas”, reclamó.
También calificó el proceso como "altamente politizado" y lo vinculó con disputas de poder en el contexto electoral. En esa línea, advirtió que decisiones como la suya podrían influir en futuras elecciones primarias.
Morazán insistió en que la responsabilidad debe ser individual y no colectiva, y pidió que, de proceder una destitución, esta se realice conforme a derecho. "Si nos van a destituir, destitúyannos bien", expresó.
Contexto del caso y acusaciones
El funcionario enfrenta señalamientos por abandonar sesiones legalmente instaladas, lo que habría impedido la continuidad del pleno del TJE, además de negarse a participar en reuniones virtuales y otras presuntas irregularidades.
El caso se enmarca en disputas surgidas tras las elecciones primarias de marzo de 2025, en las que Jorge Cálix participó como precandidato presidencial por el Partido Liberal. Posteriormente, su intento de postularse como diputado por Olancho generó impugnaciones y tensiones dentro de los órganos electorales, que derivaron en decisiones clave y en el actual proceso de juicio político contra tres funcionarios del TJE.
