Tegucigalpa, Honduras.- La destitución permanente fue la recomendación de la comisión especial de juicio político del Congreso Nacional para los funcionarios suspendidos, entre ellos; el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez .
El informe concluye que el pleno del Congreso debe aprobar la denuncia “en todos sus extremos” y determinar que los señalados incurrieron en causales graves en el ejercicio de sus cargos, conforme a la Ley Especial de Juicio Político.
El documento, emitido el 15 de abril de 2026, se origina a partir de la denuncia presentada el 9 de abril contra los funcionarios antes mencionados.
En el análisis se incluyen supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como presunta negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus funciones.
Con base en esos señalamientos, la comisión propone la destitución permanente de los cuatro funcionarios.
Sustitución de cargos y continuidad institucional
En paralelo, el informe recomienda al Congreso Nacional proceder a la designación de nuevas autoridades para ocupar las vacantes, con el fin de evitar la parálisis institucional en el CNE y el TJE durante el periodo constitucional vigente.
La medida busca garantizar la continuidad administrativa y operativa de los órganos electorales tras eventuales destituciones.
Las conclusiones se sustentan en el análisis de la denuncia, la declaración de uno de los señalados y la comparecencia de ocho testigos de cargo, entre ellos autoridades electorales, funcionarios públicos y actores vinculados al proceso.
El documento fue elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, en el ejercicio de las facultades establecidas en la Ley Especial de Juicio Político.
