Tegucigalpa, Honduras.-El Estado de Honduras culminó este jueves su evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), proceso en el que presentó los avances alcanzados y abordó los principales desafíos relacionados con la igualdad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, destacó la participación de Honduras y la articulación entre los tres poderes del Estado y diferentes instituciones del Gobierno que aportaron información durante las jornadas de diálogo.
“Con mucha alegría informamos que el Estado de Honduras ha culminado con éxito esta evaluación”, dijo Pagán, quien resaltó que la delegación hondureña “tuvo una participación de altura, con una adecuada coordinación de los temas y del tiempo, elementos que son valorados dentro de estos procesos internacionales”.
Durante el examen se abordaron temas relacionados con la participación política de los pueblos indígenas y afrohondureños, género, uso de la fuerza, protección de defensores de derechos humanos, titulación y saneamiento de tierras, proyectos extractivos, empresas y derechos humanos, así como libertades y garantías para las comunidades.
También se presentaron avances y desafíos en materia de pobreza extrema, acceso a servicios básicos, educación, salud, alimentación, agua, saneamiento y educación intercultural bilingüe, además de las condiciones de acceso al empleo formal y a la economía de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Winnie González, de la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, explicó que “Honduras expuso los avances registrados desde el examen anterior realizado en 2018, al tiempo que reconoció que existe buena voluntad del Estado para abordar las brechas y desafíos que todavía requieren atención sostenida”.
Compromiso de avanzar en DDHH de pueblos indígenas
Honduras asumió ante el Comité el compromiso de continuar trabajando en la implementación progresiva de acciones que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrohondureñas, tomando en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales y los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los aspectos destacados durante el proceso fue la articulación institucional impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, con acompañamiento del despacho del secretario privado, Luis Castro, para facilitar que buena parte de la delegación participara de manera virtual desde Honduras.
La modalidad permitió evitar gastos asociados al traslado de una delegación numerosa a Ginebra, Suiza, según el Gobierno, mientras se mantenía la participación del Estado hondureño en el mecanismo internacional. Una comitiva reducida viajó de manera presencial para acompañar el proceso.
La ministra García Pagán destacó que “la culminación del examen representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la coordinación institucional y convertir las recomendaciones recibidas en acciones concretas”.
“Honduras cuenta ahora con un plazo de 48 horas para remitir las respuestas de las preguntas que no pudieron ser atendidas durante las sesiones por limitaciones de tiempo”, detalló la funcionaria.
Con la culminación del proceso, el Gobierno reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo las políticas públicas en derechos humanos, igualdad y no discriminación, con especial atención a los pueblos indígenas y afrohondureños.
La participación de los tres poderes del Estado y de las instituciones involucradas forma parte, según el Gobierno, de su estrategia para avanzar mediante una acción coordinada en esta materia.
